La compra de trece plantas generadoras de electricidad que el Gobierno de México obtuvo de la empresa española Iberdrola la semana pasada, es un avance de la política energética del gobierno de López Obrador, que busca recuperar la rectoría del Estado en dicho sector estratégico.
El acuerdo permitirá a la Comisión Federal de Electricidad atender una porción ligeramente superior al 54 por ciento del mercado nacional, lo que ha sido el propósito de la política Presidencial desde el inicio del sexenio. La adquisición de estos activos será operada en un sistema de arrendamiento financiero por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que implica un endeudamiento del Gobierno Federal que será administrado en cuenta por separado, lo que permite medir los índices de rentabilidad de la operación, mediante una comparación de costo beneficio.
Con esta adquisición López Obrador cumple uno de los objetivos de su gobierno y resuelve el conflicto jurídico suscitado con Iberdrola, en torno a las concesiones que otorgó Peña Nieto a esa empresa, mediante una estrategia que hundió en la corrupción y el desprestigio tanto al intento privatizador del sector, como al sistema político imperante en aquellos días. Ante los hechos consumados los adversarios de AMLO que apenas ayer enaltecían la excelencia tecnológica, la pulcritud administrativa y el éxito financiero de Iberdrola, ahora despotrican diciendo que México compró chatarra. Increíble pero cierto.
Tampoco es el caso que Iberdrola haya realizado una operación ruinosa; su retiro del mercado mexicano le permite disponer de recursos para invertirlos en una Europa cada vez más necesitada de fortalecer su sector energético. Esta situación al igual que la estrategia del actual Gobierno de México, acusa la existencia de un reacomodo de las fuerzas económicas por regiones a nivel mundial, propio de una nueva etapa en la que la globalización da un paso atrás frente a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
En materia de energía México mantiene el sistema de economía mixta que busca el equilibrio entre estado y mercado, lo que es pertinente en función de la escasez y altos precios que hoy día pesan sobre otros países cuyos gobiernos han optado por comprar productoras de electricidad al sector privado, como es el caso de Francia (1). Por otra parte, el Gobierno de López Obrador acredita su compromiso con las energías solar y eólica en la medida en que las plantas recién adquiridas utilizan esas fuentes, mientras otros países regresan a la era del carbón, como ocurre con Alemania (2).
La Reforma Energética promovida por Peña Nieto dejó que el capital privado controlara el 62 por ciento del mercado eléctrico nacional, con la tendencia a que en 2030 la presencia del Estado desapareciera por completo. La situación actual dista del monopolio férreo que por décadas ejerció el Estado en el sector energético de nuestro país, y mantiene la puerta abierta a la inversión y a las nuevas tecnologías tanto nacionales como procedentes del exterior, lo que esperamos responda no solo a las condiciones de mercado, sino que deberá ser conducido en aras del bien común de la sociedad.
El reconocimiento a la función del Estado en sectores estratégicos de la economía nacional no es un cheque en blanco, como lo demuestra el castigo inferido a los partidos dominantes del viejo régimen en las elecciones recientes. En un futuro próximo las decisiones y el desempeño del gobierno de López Obrador también serán evaluados por una sociedad cada vez más exigente y demandante y como tal será calificado en las urnas.
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