La postura de la Senadora Olga Sánchez Cordero asumida el martes pasado en la Tribuna del Congreso, ante la cancelación de los fideicomisos de la Suprema Corte, amerita ser analizada en su completa integridad.
Sánchez Cordero es Ministra en retiro de la Suprema Corte; hoy día es Senadora y en los primeros tres años de este sexenio, fungió como Secretaria de Gobernación. Al posicionarse en Tribuna, Doña Olga expresó en tono de reproche: “La posibilidad de que los Poderes de la Unión, (Ejecutivo y Legislativo) se coaliguen para intervenir directamente en la administración de un tercer Poder (Judicial), no es un ejercicio republicano”, lo que entraña una acusación que debe ser ponderada a la a luz de la doctrina de la División de Poderes.
En la Edad Media el Estado era una “poliarquía”, gobierno de muchos, en la que además del Rey concurrían los señores feudales, la nobleza, los gremios de artesanos y comerciantes, la Iglesia, etcétera. El estado Moderno propone resolver el conflicto entre la unidad autoritaria y la dispersión del gobierno, mediante la división del poder político en tres funciones: La administración pública a cargo del Ejecutivo; la elaboración de leyes por el Congreso; y el poder Judicial como encargado de impartir justicia y proteger los Derechos Humanos mediante el Juicio de Amparo.
La teoría pretende un equilibrio para que ninguno de los Poderes esté por encima de los otros, por lo que asigna al Legislativo y al Judicial, la última palabra en cada una de sus respectivas funciones. El artículo 74 de la Constitución establece como facultad exclusiva del Congreso la elaboración del presupuesto y por ende la reorientación del gasto público, por lo que la cancelación de los fideicomisos de la Corte no implica violación alguna a la División de Poderes y con mayor razón, porque ha quedado clara la distinción entre los privilegios suprimidos y los derechos laborales a respetar y solo falta cuantificar unos y otros (1).
En el año de 1995, Ernesto Zedillo disolvió de un plumazo la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, creó una nueva Corte a modo, e impuso a todos los Ministros. Esta nueva Corte ha usurpado funciones legislativas, y como botones de muestra, sometió a México a la agenda de la ONU en materia de población, al imponer el aborto hasta el extremo de abolir toda ley estatal que estableciera alguna forma de moderación a dicha práctica criminal, y promueve el consumo recreativo de la marihuana, tratando de obligar al Congreso a legislar en tal sentido.
El régimen neoliberal dispersó las funciones de gobierno y el gasto público en detrimento de los Poderes Constituidos, y pulverizó el poder en múltiples organismos autónomos que han resultado inútiles además de costosos, porque en donde muchos mandan nadie se hace responsable. Doy por ejemplo la forma en que fue socavado el Poder Judicial, en cuanto la defensa de los Derechos Fundamentales de las Personas, con la creación de treinta y tres Comisiones de Derechos Humanos, una a nivel Federal y una en cada uno de los Estados de la República, que no pintan y ni siquiera tienen facultades para ejecutar sus decisiones.
La simpatía de Doña Olga hacia el Poder Judicial no le ha impedido señalar los yerros de la Corte, cuando reconoce: “…el Poder Judicial debe cambiar… para responder a la exigencia de justicia que tiene el Pueblo de México…”. Enseguida, con una reprimenda que parece sacada de El Proceso (libro de Franz Kafka), Sánchez Cordero pone el dedo en la llaga, al exigir a Magistrados y Jueces que se dejen de formalismos y resuelvan el fondo de los asuntos a su cargo, y que redacten sus sentencias de tal modo que sean claras y se les entienda (2).
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