La posibilidad de que los cuatro nuevos Consejeros del INE que entrarán en funciones el próximo mes de abril, sean designados mediante sorteo o insaculación, es una alternativa razonable prevista en la Constitución de la República y la descalificación infundada de tal método por parte de la oposición, es una estrategia para provocar desconfianza, desasosiego y miedo entre los ciudadanos.
El artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución regula el proceso para nombrar Consejeros Electorales y el inciso e) del referido apartado A, manda que si en una fecha perentoria, la Cámara de Diputados no logra consenso por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, la Suprema Corte de Justicia los designará por insaculación que es sinónimo de sorteo. (1). No quiere decir que en la tómbola se vaya a incluir a cualquiera, sino solo a cinco de los aspirantes finalistas, por cada uno de los puestos vacantes, que hayan recibido las mejores notas en la calificación del Comité Técnico de Evaluación, integrado en la forma ordenada por la propia Constitución.
La designación por sorteo no es algo frívolo; la disposición Constitucional garantiza tanto la calidad como la integración oportuna y en tiempo del Consejo General del INE en una situación como la que impera en nuestro país, en la que la polarización y el encono hacen imposible la designación por consenso. En efecto, la oposición argumenta que los partidos aliados al Gobierno que son mayoría simple en el Congreso, están eludiendo el debate que llevaría al consenso, pero la propia oposición rechaza cuanta iniciativa provenga del partido en el Gobierno, lo que plantea el riesgo de que el nombramiento de los Consejeros, no alcance a realizarse dentro de los plazos que marca el calendario constitucional.
La designación de Consejeros del INE por sorteo es pertinente en las actuales circunstancias, porque durante el viejo régimen la partidocracia se repartió por cuotas el poder de nombrar Consejeros, lo que solía sacar avante a candidatos a conveniencia del padrinazgo de cada partido, y dejar fuera a elementos mejores y de calidad probada, que carecían del apoyo interesado de los partidos dominantes. Lo anterior ocurrió en menoscabo de la imparcialidad que debe caracterizar al órgano electoral, y en gran parte es la causa que nos condujo al conflicto institucional que hoy sacude a nuestro país.
El vicio referido no es suficiente para descalificar a todos los Consejeros Electorales habidos en las últimas tres décadas, pero la actual guerra burocrática pone en evidencia que el número de consejeros que le debían el puesto a sus respectivos partidos padrinos, fue suficiente para degradar al INE y socavar nuestra incipiente democracia. La designación de los nuevos Consejeros mediante insaculación por la Suprema Corte no es garantía de perfección, pero asegura que los designados no le deban el puesto a los partidos.
Los denuestos y descalificaciones de la oposición incluido el actual Presidente del Consejo General del INE Lorenzo Córdova, que objetan el proceso de insaculación por la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que dicha forma de integración del Consejo tiene pleno sustento constitucional, se explican porque tales actores políticos apuestan al colapso del sistema en las elecciones presidenciales de 2024. Los enemigos de López Obrador mantienen la misma estrategia golpista que desde el primer año de su presidencia operaron para destituirlo, y a pesar de que no les ha funcionado, siguen aferrados a ella.
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