La propuesta del   presidente López Obrador para cambiar a la Guardia Nacional,  de ser una corporación civil a depender de la Secretaría de la Defensa, ha provocado una reacción negativa en sus opositores que sin embargo, no proponen  alternativa  alguna ni jurídica ni de fondo,  para resolver el  problema en materia de seguridad nacional y protección ciudadana.  

Los adversarios del Presidente difunden una visión parcial y sesgada del marco jurídico de  la Guardia Nacional, que deriva del Decreto de Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que es necesario leer  (1). Después de cincuenta años de estar el Ejército en las calles, el decreto referido en su Artículo Quinto Transitorio, autoriza al Presidente de la República hasta el 27 de marzo de 2024, a disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto “la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial…”.

Lo anterior hace una diferencia substancial con los presidentes  anteriores a López Obrador,  que  dispusieron del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública a su arbitrio, violando en forma sistemática la Constitución.  El colmo fue Peña Nieto;  lejos de crear  una “gendarmería” nacional como prometió en campaña, desde el inicio de su sexenio eliminó de tajo la Secretaría de Seguridad Pública entregando sus funciones a Gobernación, donde Osorio Chong redujo a la Policía Federal Preventiva a su mínima expresión (2), y luego en forma igualmente sospechosa  de complicidad con el narco, salieron de la cárcel Caro Quintero y el Chapo Guzmán, el primero  por la puerta grande con la venia del sistema judicial  y el segundo en fuga, por la puerta trasera.   

Volviendo al decreto de creación de la Guardia Nacional, el  gobierno de López Obrador organizó dicha corporación  y en solo tres años la  ha llevado a 110,000 agentes de un objetivo sexenal de 170,000, y  ha construido doscientos veinte cuarteles, faltando otros ochenta para llegar a la meta del Plan Nacional de Seguridad. Hoy día el Presidente  teme que en un futuro tales resultados sean destruidos de un plumazo como hizo el régimen priísta de Peña Nieto, y busca la permanencia de la Guardia Nacional bajo el mando  del Ejército,  lo que implica su militarización, e indica que AMLO ha cambiado de  opinión en base a su propia experiencia de gobierno.

El anuncio de López Obrador genera un reacción negativa de sus adversarios políticos que a pesar de que mantuvieron  al Ejército en las calles por cinco décadas, hoy se oponen  a la  militarización, pero no  proponen  un “cómo si”  enfrentar en el corto y  mediano plazo el problema de  fondo en materia de Seguridad Pública, para que la llegada del 27 de marzo de 2024, no implique una trampa para el próximo presidente, sea del partido que fuere, ni agrave la crisis de inseguridad que sufre el país en su conjunto. La solución del justo medio sugiere pactar una prórroga razonable para mantener por un tiempo más, la situación  actual   prevista en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en comento.

Por otra parte,  el  cambio de opinión  en cuanto al carácter civil o militar de la Guardia Nacional tiene sentido; la oposición argumenta que la  policía no debe depender del Ejército por diferencias en cuanto a su objeto;  el fin de las Fuerzas Armadas es el de preservar la seguridad del Estado Nación, y el de la policía garantizar la Seguridad Pública. Sin embargo, desde hace años  la delincuencia internacional  productora y traficante de drogas y armas,  ha generado en nuestro país  cárteles locales  que controlan  secuestros, robos, extorsión y demás  delitos del orden común, lo que indica que ha desaparecido la frontera que antes existía entre los delitos contra  la seguridad nacional y los que amenazan  a la seguridad pública.

La  premisa que antecede exige una Guardia Nacional  que para enfrentar a un enemigo a la vez global y local, responda  a una cadena de mando sólida, tenga servicios de inteligencia propios y disponga de armas equiparables a las que portan las bandas criminales.  Se puede o no estar de acuerdo  con el Presidente,  pero es  irresponsable que  la oposición en el Congreso se encierre  en su negativa y eluda  la búsqueda de una solución pactada con el  Ejecutivo, para regir  después del 27 de marzo de 2024, en que vence el término para que la Guardia Nacional lleve el desarrollo de su estructura, capacidades e implantación territorial, a un nivel que le permita actuar como corporación civil, sin la tutela del Ejército.     

(1) Decreto que crea la Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019,  en el Diario Oficial de la Federación.

 (2) El Economista. Eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública por Enrique Peña Nieto.