El titubeo de Samuel García en cuanto a su permanencia en la gubernatura de Nuevo León y su intento por ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, provocó una crisis política de corta duración, pero de consecuencias que son de pronóstico reservado.
Todos los Estados de la República han sufrido crisis políticas, pero Nuevo León se cuece aparte. De 1971 a la fecha ha ocurrido en cinco ocasiones la renuncia de gobernadores por diversas causas, o su separación temporal en busca de aventuras electorales. Los casos de Eduardo Elizondo (1971-PRI), Sócrates Rizzo (1996-PRI), Fernando Canales Clariond (2003-PAN), Jaime Rodríguez alias El Bronco (2018-Independiente) y de Samuel García (2023-MC), se han dado en un promedio de uno en cada dos sexenios.
Samuel se fue de precandidato de Movimiento Ciudadano con pocas probabilidades de ganar la presidencia, con la mira de hacer de MC la segunda fuerza política del país. García fue ingenuo al creer que los diputados del PRIAN que son mayoría en el Congreso Estatal y le han hecho la vida imposible, designarían a un Gobernador Substituto de su misma formación política, como suele ocurrir conforme a los usos políticos en todo México, en que se procede así no solo por cortesía, sino por respeto a la voluntad de los electores y para mantener la marcha de los gobiernos en curso.
La mayoría del PRIAN en el Congreso designó un substituto a modo y García dejo a su Secretario de Gobierno, con la peregrina ocurrencia de sostenerlo en los tribunales. Lo anterior revela una vez más la ingenuidad de Samuel, porque el desafío electoral que su irrupción planteó para el frente que sostiene a Xóchitl Gálvez, puso a andar a la Suprema Corte de Justicia que descalificó al Gobernador Susbstituto nombrado por el novel aspirante presidencial y ratificó al designado por el Congreso Local, lo que hizo que Samuel volviera a la gubernatura, entre amenazas de ser acusado de usurpación de funciones.
La Suprema Corte no tiene competencia para intervenir en este caso, porque el artículo 76 Fracción VI de la Constitución de la República consagra entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, la de resolver los conflictos políticos que surjan entre los Poderes de los Estados, por lo que la Corte debió no meterse y declinar en favor del Senado. La Corte y el PRIAN lo saben, por lo que el Congreso Local declaró legal y procedente el retorno de Samuel a la gubernatura, una vez que el Presidente López Obrador advirtió en La Mañanera que de no ser así, se estaría dando un golpe de estado (1).
En solo diez días la aventura de Samuel exhibió la debilidad del frente opositor y de su candidata Xóchitl, quién en el fragor de la batalla insistió en invitar a Movimiento Ciudadano a sumarse a su causa, mostrando un nivel de cinismo superlativo, aún en los parámetros de nuestra clase política. En términos de la percepción de un electorado cada vez más impredecible, falta saber cuál será el saldo final de este sainete y sus efectos sobre las elecciones presidenciales del año entrante, en perjuicio o beneficio de cada uno de los protagonistas.
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