El escándalo en el  Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), suscitado a raíz de la destitución de Luis Vargas Valdez como Magistrado Presidente de la  Sala Superior de dicho organismo,   y su remplazo por Reyes Rodríguez Mondragón,  confirma la necesidad urgente de emprender la regeneración a fondo de las instituciones  que fueron creadas,   y después corrompidas, en la llamada época neoliberal.    

El artículo 171 de  la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación  faculta a los  siete Magistrados integrantes  de la Sala Superior del TEPJF  a elegir a su Presidente,  el cual durará en el cargo cuatro años,  pero no existe disposición legal que los faculte a destituirlo antes de que concluya ese plazo, por lo que tuvo  razón Vargas Valdez al  haber impugnado su destitución, mediante un recurso interpuesto  ante la Suprema Corte. El argumento según el cual “si lo pueden designar  lo pueden destituir…” no tiene fundamento constitucional, porque el  principio de legalidad indica que las autoridades, solo pueden ejercer las  facultades que de modo expreso les confiere la Ley.

En el supuesto de  que los Magistrados tuvieran poder  legal para destituir a Vargas Valdés, debieron de haber respetado sus  Garantías Individuales y en el caso, no se han dado a conocer ni el fundamento  ni los motivos  de la  destitución; no se sabe de un procedimiento administrativo en el  que Vargas Valdez   haya sido oído en su defensa, y ni siquiera sabemos cuáles hechos se le atribuyen, que justifiquen la destitución. La grave violación al debido proceso que lo anterior entraña, explica la sangre fría y el cinismo con el que esos mismos Magistrados incluido el destituido, en las  elecciones pasadas violaron el  derecho constitucional a ser votados,   de más de sesenta candidatos de Morena,  a los que  se les negó su registro y se les impidió contender.

Lo que sabemos es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Federación (UIF)  tiene abierta una investigación, que debe seguir hasta sus últimas consecuencias; la indagatoria señala  al Magistrado destituido como presunto responsable del delito de lavado de dinero, porque al revisar las  finanzas personales  del implicado,   la UIF detectó que  ha  gastado más dinero del ingreso reportado en sus declaraciones fiscales.  Sin embargo  no existe ninguna sentencia condenatoria al respecto y por tanto, de acuerdo al  principio de presunción de inocencia, la destitución cuyo comentario nos ocupa, no tiene sustento jurídico.

Ante  la falta de  un procedimiento legal, resulta obligado buscar en lo acontecido motivos políticos o de interés  práctico, que pudieran tener los Magistrados golpistas para decretar la destitución. Una hipótesis viable  indica que se trata de  un pleito entre cómplices,  tomando en cuenta que  la totalidad de los Magistrados de la Sala fueron designados de común  acuerdo por las bancadas en el Senado,  de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que viven en contubernio hoy descarado, en virtud de una alianza de cúpulas que fue pactada a la sorda y cocinada a fuego lento.     

La presencia de dinero ilícito en la escena, obliga  a buscar el origen del mismo en el patrimonio del TEPJF, ya que la propia Ley Orgánica en comento confiere facultades al Presidente de la Sala Superior, para controlar  los recursos financieros  y humanos  del Tribunal. Además el Presidente es parte decisiva  de la  Comisión de Administración del TEPJF, cuyo órgano ejerce el presupuesto de egresos,   y emite las bases para la adquisición de bienes y servicios, a lo que se agrega el  poder  de  controlar el destino del  personal, desde su   ingreso  a la carrera judicial, hasta  las decisiones de escalafón, estímulos y capacitación.

El Presidente destituido no administró  los recursos del TEPJF en solitario,  sino en forma colegiada con sus compañeros de Sala en la Comisión de Administración,  lo que  funda la sospecha de que  un conflicto de culpas y mutuos reclamos generó la ruptura, y los golpistas  ofrecen a la UIF  la cabeza de Vargas Valdez, para eludir la   responsabilidad que por comisión o por omisión pudiera corresponderles, en el control de los recursos. Una vez exhibido el desprecio al orden jurídico y la corrupción de  quienes están a cargo de la justicia electoral de este  país, en un nuevo pacto oscuro, Vargas Valdez acepta su destitución, Rodríguez Mondragón renuncia a la Presidencia usurpada, los siete Magistrados  se aferran a sus puestos,  y tienen el atrevimiento de festejar  la regeneración institucional del TEPJF,  en medio del colapso y  de un fuerte olor a podrido.