Las recientes declaraciones de López Obrador en el sentido de que su gobierno está obligado a proteger también a los delincuentes, ha desatado un escándalo que es importante asumir, desde una perspectiva objetiva y exenta de hipocresía.
A primera vista la postura del Presidente parece más la de un predicador que la de un Jefe de Estado. Es semejante a la oración del Papa Francisco del pasado 16 de marzo; al rezar por la paz en Ucrania, Francisco pide no solo por Abel sino también por Caín, y doce días después consagra al Inmaculado Corazón de María a las dos naciones, Rusia y Ucrania. Esta visión cristiana que asegura que Dios hace salir el sol para buenos y malos penetró en la política a través de los siglos, y culmina en el reconocimiento de los derechos humanos de todo individuo, que sin renunciar a la justicia, impide a los estados masacrar, torturar o encarcelar sin previo juicio, aún a quienes son considerados enemigos evidentes de la sociedad y del estado.
En el caso del fenómeno del narcotráfico en nuestro país, la estrategia del ex presidente Felipe Calderón sufrió el ataque feroz de la misma prensa que hoy vuelve a rasgar sus cochinas vestiduras; la oposición priísta utilizó la crítica a la “Guerra de Calderón” para pavimentar su camino de regreso a Los Pinos, aunque Enrique Peña Nieto continuó el mismo plan sin mejores resultados. Hasta el panismo oficial dejó solo a Felipe. El propio Calderón reconoce en su libro Decisiones Difíciles (1) que el único Gobernador que apoyó su estrategia de seguridad fue Lázaro Cárdenas Batel, quién regía en Michoacán en aquellos días y hoy es Coordinador de Asesores del Presidente.
El dicho de López Obrador revela el desorden social y político que en todo el mundo priva frente al fenómeno de las drogas. Nada se dice de la responsabilidad de la sociedad civil que en el consumo acoge la contracultura suicida de la evasión, cuyo mercado es el motor de la producción y tráfico de drogas. Ya ni siquiera existe una sanción social al respecto; en el sexenio pasado la Suprema Corte de México erigió en “derecho humano” el consumo “recreativo” de marihuana, puerta de ingreso a las demás drogas, y obligó al Congreso a que hiciera una ley que despenalizara el consumo, pero que mantuviera la prohibición y penalizara la producción y el tráfico, lo que es una contradicción irresoluble.
En este sexenio el Congreso emitió un nueva Ley de Salud, cuyo artículo 478 despenaliza la posesión de hasta cinco gramos de mota para consumo personal sin embargo, el miércoles de la semana pasada la Suprema Corte declaró inconstitucional el precepto por parecerle poco el límite referido y lo dejó sin efecto. El tema volverá al Congreso para que determine un límite más amplio o no establezca ninguno y entre tanto, simplemente no hay límite y por ende, hoy día no existen ni prohibición ni delito ni pena sobre el consumo de marihuana.
En los Estados Unidos ocurre algo similar y de mayor gravedad; el consumo de por sí voraz, aumenta. Crecen también la afectación a la salud y los crímenes que son causa y efecto de las drogas, en tanto que el contrabando de armamento hacia nuestro país continúa, a pesar de la demanda interpuesta por el actual Gobierno de México en los tribunales de los EU, en contra de los fabricantes de armas. Es posible que López Obrador considere los factores mencionados para no alentar el círculo vicioso de violencia que ya de por sí genera más violencia y conjurar el riesgo de que el Ejército Mexicano caiga en la trampa de violar los derechos humanos de los delincuentes, que gozan de una tendencia proteccionista de alcance mundial.
Frente a las políticas tan distintas de Felipe Calderón y López Obrador en materia de lucha contra el narco, el rechazo parejo y sistemático de ambas por parte de los mercaderes de la inconformidad, hace recordar la única frase inteligente que se conoce de Peña Nieto: “Ningún chile les embona…”.
(1) Decisiones Difíciles, autor Felipe Calderón. Enlace al libro completo.
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