El anunciado decreto presidencial que ordena la regularización de automóviles usados procedentes de los Estados Unidos, que ingresaron a México de modo ilegal, está vinculado al  acuerdo  reciente entre ambos países, que se conoce como   “Entendimiento Bicentenario” (1)  y a  la agenda conjunta en los temas de seguridad y protección al medio ambiente.     

Por lo que hace  al tema económico, el tráfico ilegal de vehículos de Estados Unidos a México no impacta en   una balanza  comercial  que en el año 2020 implicó 325 mil millones de dólares, con un superávit de 112 mil millones a favor de nuestro país. Por esta razón y por el hecho de que la producción de los  automóviles que se fabrican en México para ser exportados, está destinada  por definición a los mercados del exterior, resulta infundada e irresponsable  la declaración  del Director de Coparmex Saltillo, que el jueves pasado aseguró que el decreto presidencial en comento,  afectaría a la mencionada industria  en el caso de Coahuila.

En cuanto a la venta de automóviles nuevos en territorio nacional, es difícil  suponer que quién  tenga  la posibilidad  de adquirir un vehículo de agencia, compre un auto ilegal con diez años de antigüedad. Es posible en cambio que el  fenómeno impacte en  el mercado de automóviles usados,   ya que en el marco de la vecindad con Estados Unidos, los gobiernos mexicanos de los últimos treinta años, han tolerado el comercio   ilegal en comento, como válvula de escape para aliviar la desigualdad económica que existe en nuestro país,  que se revela en el hecho de  que a muchos conciudadanos, no les alcanza para comprar un auto usado en el mercado nacional.  

Los verdaderos  problemas que genera el ingreso y tráfico de autos ilegales en nuestro territorio, concierne a los  rubros de seguridad pública y protección al medio ambiente, ya que la falta de control que existe al respecto,  origina que circulen  autos sin placas, lo que hace imposible identificar y responsabilizar al dueño de un vehículo que se utilice en la comisión de un delito.  En efecto, según  el periódico El Siglo de Torreón en su edición del 16 de octubre de 2021, en la Zona Metropolitana de la Laguna circulan 574 mil vehículos, de los cuales 394 mil son legales y 180 mil ilegales, con el resultado de que del total,  el 33%  de los vehículos circula  sin placas.   

A las cifras  que anteceden  habría que agregar que   solo en el Estado de Baja California existen 800 mil vehículos por regularizar,  a los que se suman los del  resto de los estados, lo que da una idea de la magnitud del problema,  cuya complejidad social no permite soñar con  que los autos chocolate  desaparezcan  por decreto de la noche a la mañana, ni a base de  prohibiciones o  de represión lisa y llana. El tráfico ilegal de autos usados  es una de las consecuencias de la asimetría de las economías de México y los Estados Unidos y como tal,  debe ser reconocido en su dimensión y recibir un  tratamiento para llevarla al marco legal.    

La regularización de los automóviles ilegales que pretende el decreto del Presidente,  permitirá  la creación de un padrón que identifique al dueño de  cada automóvil, y  las autoridades locales podrán emitir placas para control de la circulación, lo que contribuye a prevenir los delitos y a combatir la criminalidad  y por tanto, fortalece la seguridad de los ciudadanos. Por disposición del propio decreto, los  gobiernos locales serán los encargados de la regularización e ingresarán  dos mil quinientos pesos por unidad, por derechos de control vehicular y expedición de placas, cuyos recursos serán destinados  al mantenimiento de vialidades (bacheo).            

La misma condición asimétrica de las economías de ambos países está presente   en el problema de los autos ilegales  en relación al  daño al medio ambiente,  por ser éstos  un desecho  de  la economía de nuestros vecinos,  en tanto  que en México son  bienes útiles  a los que sus dueños no tendrían acceso en otras condiciones. Se trata de bienes procedentes de Estados Unidos  que terminarán siendo chatarra en nuestro territorio, por lo que la recuperación y reciclado de los  materiales involucrados compete a una estrategia conjunta de inversión y aprovechamiento que nunca se ha visualizado ni atendido, ni   por la iniciativa privada nacional,  ni en la relación bilateral a nivel de gobiernos.  

(1) Entendimiento Bicentenario, consultar el artículo: “Narco y Gobierno”, en este mismo Blog, Archivo Adjunto.