La posibilidad de que los cuatro nuevos Consejeros del INE que entrarán en funciones el próximo mes de abril,  sean designados mediante  sorteo o insaculación, es una alternativa razonable prevista en la Constitución de la República  y la descalificación infundada de tal método por parte de la oposición, es una estrategia para provocar  desconfianza, desasosiego y miedo entre los ciudadanos.   

El artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución regula el proceso para nombrar Consejeros Electorales y el inciso e) del referido apartado A,  manda que si en una fecha  perentoria, la Cámara de Diputados no logra consenso por mayoría de las  dos terceras partes de sus miembros, la Suprema Corte de Justicia los designará por insaculación que es sinónimo de sorteo. (1). No quiere decir que en la tómbola se vaya a incluir a cualquiera, sino solo a cinco de los aspirantes finalistas, por cada uno de los puestos vacantes,  que hayan recibido las mejores notas en  la calificación del  Comité Técnico de Evaluación, integrado en la forma ordenada por la propia Constitución.

La designación por sorteo no es algo frívolo; la disposición Constitucional garantiza tanto  la  calidad como  la integración oportuna y en tiempo del Consejo General del INE  en una situación como la que impera en nuestro país, en la que la polarización y el encono hacen imposible la designación  por  consenso. En efecto, la  oposición argumenta que los partidos aliados al  Gobierno que son mayoría simple  en el Congreso,  están  eludiendo el debate que llevaría al consenso,  pero la propia oposición  rechaza cuanta iniciativa provenga del partido en el Gobierno, lo que plantea el riesgo  de que el nombramiento de los Consejeros, no alcance a realizarse dentro de los plazos que marca el  calendario constitucional.    

La designación  de Consejeros del INE por sorteo es pertinente  en las actuales circunstancias, porque  durante  el viejo régimen  la partidocracia se repartió por cuotas el poder de nombrar Consejeros, lo que solía sacar avante a   candidatos a conveniencia del padrinazgo de  cada partido,  y  dejar fuera a  elementos mejores y de calidad probada, que carecían del apoyo interesado de los partidos dominantes. Lo anterior ocurrió en menoscabo de la imparcialidad que debe caracterizar al  órgano electoral, y  en gran parte es la causa que nos condujo al conflicto institucional que hoy sacude a nuestro país.

El vicio referido no es suficiente para descalificar a todos los Consejeros Electorales habidos en las últimas tres décadas, pero la actual guerra burocrática pone en evidencia  que el número de consejeros que le debían el puesto a sus respectivos partidos padrinos, fue suficiente para degradar al INE y socavar nuestra incipiente democracia. La  designación de los nuevos Consejeros mediante  insaculación por la Suprema Corte  no es garantía de perfección,  pero asegura que los designados no le deban el puesto  a los partidos.

Los denuestos y descalificaciones de la oposición incluido el actual Presidente del Consejo General del INE Lorenzo Córdova, que objetan el proceso de  insaculación por  la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que dicha forma de  integración del Consejo tiene pleno sustento constitucional, se explican porque  tales actores políticos apuestan al  colapso del sistema en las elecciones presidenciales de 2024. Los enemigos de López Obrador  mantienen la misma estrategia golpista que desde el   primer año de su presidencia  operaron  para destituirlo,   y a pesar de que no les  ha funcionado, siguen  aferrados a ella.

(1)

Texto completo del Artículo 41 de nuestra Constitución;  la Fracción V, apartado A, incisos  a), b),  c),  d) y  e), regulan el proceso de designación de Consejeros Electorales.