El rechazo del Pueblo de Chile al proyecto de  Nueva Constitución propuesta por una asamblea elegida en el marco legal de la Democracia Participativa, no es un repudio en automático al presidente Gabriel Boric, sino un mandato para que se  mantenga la integridad de  la Nacionalidad Chilena, y para encauzar la política de cambio que propone el Presidente dentro de los límites del sentido común y sujeta a las exigencias elementales  de la técnica jurídica.    

El impulso a una Nueva Constitución en Chile (1),  nace de los disturbios que cimbraron al país entre octubre de 2019 y  marzo de 2020, debido al descontento social frente a una crisis del  modelo  neoliberal. Lo anterior sea dicho porque se ha puesto a Chile como ejemplo de éxito de tal sistema en América Latina y sin embargo, el enojo  de amplios sectores del pueblo chileno que fue la causa de las protestas violentas de aquellos días, acusa la existencia de graves problemas relativos al aumento de precios en productos y servicios básicos, así como a la corrupción de las clases dirigentes políticas y empresariales.   

El más notable factor de rechazo,  consiste en que al fallido Proyecto de Constitución  declara a Chile como país “multinacional”,  y decreta la autonomía de los pueblos originarios y de los territorios que ocupan, sin establecer sus límites ni las bases  de su regulación jurídica. Se trata de un proyecto que pone en riesgo la unidad territorial y socava la integridad de la Nacionalidad Chilena tal y como ha sido acrisolada en los últimos quinientos años, y por ello las comunidades indígenas fueron las primeras en oponerse  porque al final del día los indios chilenos exigen seguir siendo  chilenos,  lo que supone además del respeto a su identidad originaria,  su derecho a participar de una visión nacional amplia e  incluyente con el resto del Pueblo Chileno, en el concierto de la humanidad universal.      

El Proyecto recoge las banderas de la llamada Nueva Izquierda, que a despecho del marxismo clásico ha dejado en un rincón de la historia la lucha por la dictadura del proletariado y en   los hechos opera de la mano con el neoliberalismo económico. Una vez arriada aquella bandera, la Nueva Izquierda trata de imponer  una agenda múltiple en la que destacan el aborto como derecho humano de la mujer, la ideología de género, la exaltación de ciertas  minorías, etcétera, cuyos “derechos” fueron incorporados al proyecto sin  matices y por tanto, sumaron distintas vertientes de oposición  que como tales, también tienen derecho a ser parte en el debate público.   

El rechazo del sesenta y dos por ciento al  Proyecto, impulsó al   presidente Boric  a reemplazar a cinco de sus  Secretarios de Gabinete por políticos tradicionales, lo que revela que la propuesta  estuvo dominada por  aliados electorales que dada su extravagancia, se volvieron incómodos. El resultado también revela que una cosa es la que ofrecen los políticos en campaña,  incluida la crítica a sus rivales de gobiernos anteriores, y otra cuando se enfrentan a la realidad de gobernar, cuya revelación debe ser tomada en serio por todos los actores políticos  y por nosotros,  los  ciudadanos de a pie.   

La izquierda chilena ha sobreexplotado el tema de la transición a la democracia. Chile ha gozado de un ejercicio democrático de calidad a través de su historia, y los años de la dictadura (1973-1990) son un paréntesis dramático pero de excepción,  que  llegó a su fin con un plebiscito al que convocó el propio dictador en funciones. Al igual que Boric en el caso de la constitución  fallida, Augusto Pinochet creyó que ganaría la votación,  pero una cosa es que Pinochet gozara de buenos niveles de aceptación entre los chilenos y otra muy distinta que la mayoría quisiera que la dictadura continuara y en  consecuencia, votó  por volver a la democracia.  

Es  cierto que al fin  de la dictadura se hicieron necesarios cambios  constitucionales, pero estos fueron atendidos de modo gradual por los gobiernos socialistas y demócrata cristianos habidos desde 1990 hasta nuestro días, mediante reformas concertadas. Los disturbios de 2019-2020 y el ascenso  a la Presidencia de un personaje antisistema como Daniel Boric, indican que lo hecho por los gobiernos de Chile en los últimos treinta años no ha sido suficiente y habrá que continuar,  para lo cual no es necesario refundar el país y menos cambiar el carácter propio de los chilenos, acaso reformar la Constitución Vigente en lo necesario, de cara a los retos del presente y del porvenir.     

 (1) Proyecto de Constitución rechazado en Chile, el 4 de septiembre de 2022.