La salida de Alejandro Gertz Manero de la  Fiscalía General de la República, revela el fracaso de haber dotado de Autonomía Constitucional a dicha dependencia, porque tal decisión desarticuló las funciones del Poder Ejecutivo, relativas a su deber de preservar la Seguridad.       

En efecto, el artículo 89 fracción VI de la Constitución de la República impone al Poder Ejecutivo la obligación de preservar la Seguridad Nacional,   y pone a disposición de dicho Poder las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de contar con la Secretaría de Seguridad. No obstante lo anterior,  vaivenes frívolos de la política llevaron a  sustraer la Fiscalía General de la República del Poder Ejecutivo y para ello,  el 29 de enero de 2016 fue reformado el artículo 102 apartado A)  de nuestra Carta Magna, dotando de autonomía a dicha dependencia.  

Lo anterior fue una pésima ocurrencia  porque siendo la Fiscalía la encargada de investigar  los delitos y llevar a los criminales a la justicia, la mentada autonomía diluyó la responsabilidad constitucional del Ejecutivo en cuanto al combate al delito y fracturó la coordinación institucional entre cuerpos de Seguridad y  Ministerio Público, que si bien ejercen funciones distintas, apuntan al mismo objetivo. Lo anterior  puso de plácemes a delincuentes, litigantes coyotes y funcionarios corruptos, y  Gertz Manero pudo nadar de muertito durante siete años, desviando el ejercicio del cargo en asuntos de su exclusivo interés personal y  sin rendir cuentas a nadie.  

La moda febril  de dar autonomía a múltiples organismos de gobierno en ésta y otras materias fragmentó al Poder y repartió el erario  público  como botín  político en beneficio de poderes fácticos de distintas raleas, al servicio de un  sistema que pretende someter al  Estado Nacional a oligarquías  locales y transnacionales. La autonomía de las fiscalías en los Estados es una farsa; los gobernadores suelen eludir la  responsabilidad que les atañe, aunque tienen el control con el que aprietan a disidentes o capturan lealtades; el fiscal administra el gran negocio de la impunidad que reporta dinero a manos llenas, mientras el ciudadano común clama por justicia en el desierto.  

No hay sistema perfecto, pero la llegada de un  fiscal del equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum es la ocasión para  volver a la inserción inequívoca de la Fiscalía en el Poder Ejecutivo y articular la función del Ministerio Público desde la denuncia e investigación de los delitos hasta los Tribunales. Con esta rectificación la Seguridad Nacional,  a nivel federal y en los estados, queda en manos de la persona elegida en las urnas como titular del Poder Ejecutivo, en lugar de que su responsabilidad siga dispersa y se diluya en una falsa autonomía.

Para un país como el nuestro con  hambre y sed de justicia,  la estancia de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República,  fue por decir lo menos una gran pérdida de tiempo. Sin embargo desde qué Gertz fue designado Fiscal al día de hoy  México es otro  y pese a todo, hemos hecho reformas a la Constitución que legitiman a las Fuerzas Armadas en tareas de  seguridad pública;  se creó la Guardia Nacional;  se reformó el  Poder Judicial y toca hoy regenerar  a las Fiscalías Federal y de los Estados, para que éstas funcionen.