La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que la semana pasada dejó sin efecto la segunda parte de la Legislación Electoral conocida como Plan B, ha dado impulso a una gran simulación que encubre actos anticipados de campaña de todos los actores políticos, de cara a la Elección Presidencial.
La Suprema Corte no tiene facultades para haber conocido ni resuelto el Plan B, porque el artículo 105 Fracción I de la Constitución (1) dispone que la Controversia Constitucional en materia electoral es improcedente. Esto lo confirma el artículo 19 Fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado Artículo 105 de la Carta Magna que dispone: “las Controversias Constitucionales son improcedentes contra normas generales o actos en materia electoral” (2), lo que de modo inequívoco deja en manos del Congreso de la Unión la última palabra en cuanto a Legislación Electoral.
La Ley Electoral que fue fruto del acuerdo de las fuerzas políticas entre 1994 y 1997, hace tiempo dejó de existir, en virtud de sucesivas reformas que hicieron de ella un catálogo de restricciones y castigos que violan los derechos políticos y la libertad de expresión tanto de los funcionarios públicos en activo como del ciudadano común, que aspiraren a ser candidatos. El Plan B propuso eliminar la simulación y la mordaza y que el INE abrazara la austeridad republicana, pero la Corte lo anuló por “vicios de procedimiento”, lo que permitió eludir el estudio y resolución de fondo, de una reforma que es necesaria.
Al resollver en contra de la Constitución la mayoría de Ministros exhibieron su protagonismo político impertinente y dieron vuelo a la simulación inicial hasta hacerla generalizada y envolver a la oposición. Como resultado López Obrador va al proceso electoral del año entrante con la legislación vigente en 2018, acostumbrado a nadar a contracorriente; asume la sentencia adversa de la Corte bajo el principio según el cual lo que no lo mata lo fortalece, en tanto el candidato que sea de la oposición además de empezar rezagado, quedará tan vulnerable ante los tribunales, como el que abandere la 4T.
En efecto, López Obrador desató una estrategia electoral anticipada con el tema de las famosas “corcholatas”, asumiendo el riesgo de que su candidato sea descalificado en los tribunales sin embargo, los defectos de la Ley Electoral revivida por la Corte que son reales y muy graves, y la habilidad del discurso presidencial, han hecho que la oposición caiga redonda en el juego. Lo anterior porque los pasos dados por el PRIAN-PRD para armar un frente electoral, el desarrollo del proceso que incluye elecciones primarias, y el desfile público de figuras que participan en la designación del candidato opositor, también son sin duda, actos anticipados de campaña.
La campaña anticipada de los adversarios del régimen, no solo es la que hoy presenciamos; ocurre que éstos no han entendido los resultados de la elección de 2018 ni han dado vuelta a la página, y a ello corresponde la actitud agresiva y hasta golpista que a diario ha mantenido la oposición en los últimos cinco años. Estamos ante una simulación monumental y una violación generalizada de la Ley en la que todos los actores políticos de este país son parte. La Ley Electoral que se supone vigente está siendo arrasada por los acontecimientos, en virtud de la resistencia ciega a una iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo, que en su día la oposición se negó a debatir en el Congreso.
Los actos anticipados de campaña que estamos viviendo no son un simple “sacar la vuelta” a la ley, como se ha dicho de modo irreflexivo. Implican la imposición natural de una realidad social y política que está fuera de control, como resultado de una decisión inconstitucional de la Suprema Corte.
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