La aprehensión del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, ejecutada el viernes pasado, es un episodio clave en la guerra entre instituciones que se libra  en México, y tiene su origen en el deber asumido por  López Obrador, que  pone la Justicia por encima de un derecho vigente al que considera deficiente y en ciertos casos  injusto, a despecho del escándalo que cause esa visión. 

Uriel Carmona llegó a Fiscal designado por el Congreso de Morelos en tiempos del gobernador Graco Ramírez (PRD),  en un marco normativo que considera a la fiscalía como “órgano autónomo” del Poder Ejecutivo. El desempeño de Carmona ha sido un fiasco en cuanto a la función de combatir el delito; se ha dedicado a lucrar con el cargo,  a cubrir las espaldas de Graco y a poner zancadillas al gobierno de  Cuauhtémoc Blanco (PES),  llegando al extremo de abrir diez carpetas de investigación por narcotráfico e intentar un juicio politico en contra del Gobernador,  todo ello para proteger intereses de  los factores reales de poder que  lo encumbraron en  la Fiscalía. 

La orden de aprehensión surge del juicio penal abierto por autoridades de la Ciudad de México en relación a la conducta del Fiscal en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López, ocurrido el 30 de octubre de 2022. La víctima  fue vista por última vez tomando un Taxi en la CDMX y su cadáver fue tirado como basura  en un  punto  de carretera cercano a Cuautla, por lo que en la especie existe competencia concurrente para investigar y proceder en ambas  entidades, por tratarse de un delito cometido mediante actos sucesivos  realizados tanto en  la CDMX, como en el Estado de Morelos.

Carmona  mostró indiferencia en  el caso. Pese  a las huellas de violencia en el cuerpo, los peritos de la Fiscalía dictaminaron que la  muerte fue causada por  ingestión alcohólica; no se realizó una sola diligencia para investigar  el traslado de la víctima, viva o muerta, hasta donde fue encontrado el cadáver  y el  colmo fue que  el Fiscal ignoró un video en el que un sujeto, ahora  identificado como el principal sospechoso, aparece cargando el cuerpo de la occisa. La actitud del Fiscal provocó  la indignación colectiva y el reclamo de los familiares de la víctima, lo que llevó el expediente a la Fiscalía de la CDMX, de lo cual derivan las acusaciones por obstrucción de la justicia que enfrenta el Fiscal.    

Esta no es la única disputa entre Gobernador y  Fiscal motivada por una “autonomía” de la Fiscalía mal entendida; ofrece  otro ejemplo  el pleito  entre el gobernador de Nuevo León Samuel García,  de Movimiento Ciudadano, y el “encargado del despacho” de la Fiscalía Pedro Arce Jardón, quién sin nombramiento del Congreso usurpa el cargo con apoyo del contubernio PRI-PAN. En este conflicto que   Samuel  García ha puesto en manos del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte,  el fiscal espurio, desde el primer mes de su gestión, inició una carpeta penal en contra del Gobernador (1).

Volviendo al caso  Morelos, al momento de ser detenido Carmona gozaba de Fuero Constitucional,  lo que implica que como fiscal    no puede ser procesado mientras esté en ejercicio del cargo. Es sabido que el fuero ha sido reiteradamente cuestionado  como causa de impunidad por López Obrador, por lo que con todo y fuero   la orden de  aprehensión  fue  cumplida con apoyo de elementos de la Fiscalía General de la República  y de la Secretaría de Marina, lo que revela la mano del Gobierno Federal (2).

El régimen morenista pone a prueba un sistema legal por considerarlo deficiente e injusto en agravio de la sociedad, y a su propio riesgo incluye en la boleta electoral de 2024, el conflicto ontológico, ético y  político entre Justicia y derecho vigente.

(1) Sugiero repasar  mi  artículo Nuevo León en Crisis en este mismo Blog Archivo Adjunto, respecto al conflicto entre Gobernador y Fiscalía en aquella entidad federativa.

(2) Noticia de El Universal, respecto a la aprehensión del Fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara.