El conflicto con Iberdrola quedó resuelto en marzo de 2023 y el Estado Mexicano recuperó la rectoría en materia energética, con la compra por parte del Gobierno de trece plantas de última generación, que fueron construidas por la empresa al amparo de contratos leoninos pactados con el corrupto régimen de Peña Nieto.
Con dicha adquisición sumada al patrimonio de PEMEX y CFE, el Estado reunió el 54 por ciento de la inversión en el sector energético, lo que cumple con las metas trazadas en la estrategia del actual Gobierno Federal. El 46 por ciento restante queda a disposición de los inversionistas privados, y de hecho Iberdrola no solo está de vuelta sino que nunca se fue, porque conserva seis parques de energía eólica, tres de energía fotovoltaica y seis más de ciclo combinado con un valor total de 6.2 mil millones de pesos, cuyos activos se dispone a utilizar en estos días como plataforma de crecimiento.
Iberdrola anunció el jueves pasado el relevo en el timón de sus operaciones en México, y designó como Directora General a Katya Somohano, con el encargo de “liderar una nueva etapa… enfocada en proyectos de energías limpias…”, en los que la multinacional se propone invertir de entrada 1.9 mil millones de pesos (1). Con lo anterior queda probado que ni López Obrador ni la 4T son enemigos de la inversión privada ni de las llamadas energías limpias y por el contrario las impulsan pero eso sí, supeditadas a la Soberanía Nacional y puestas al servicio del Bien Común de la Sociedad.
En un mundo globalizado en el que las empresas transnacionales son factores reales de poder que pretenden gobernar imponiéndose a los Estados Nacionales, es un deber de los Estados ser defensores tanto de los intereses de sus ciudadanos de carne y hueso, como de la identidad cultural que le es propia a cada una de sus sociedades. El planteamiento entre nacionalización y privatización no es un tema ideológico sino práctico, como revela la dependencia energética en la que cayó Europa a raíz de la Guerra en Ucrania, que hizo volver a Alemania a la era del carbón de piedra (2) y en el caso de Francia, a nacionalizar al cien por ciento la industria eléctrica (3).
Cuando el año pasado se realizó la compra de los activos de Iberdrola, López Obrador festinó diciendo: “pasamos (con Iberdrola) de un contrato truculento a un acuerdo histórico…”, lo cual es cierto sin embargo, no vale echar campanas al vuelo y por el contrario, es obligado mantener la guardia en alto a ese respecto, en lo que queda de esta administración y en las que siguen. Lo anterior con mayor razón porque la Iberdrola del día de hoy, dócil en apariencia, es la misma del pacto corrupto con el viejo régimen, y ni esta empresa global ni ninguna otra renunciarán a ser parte de la casta divina que pretende erigir y controlar un Gobierno Mundial a la medida de sus intereses.
No obstante la evidencia, la oposición en México sigue empeñada en denostar al régimen actual y sin ofrecer más propuesta que el regreso al pasado de los acuerdos truculentos, funda la base de su campaña a la Presidencia en un discurso catastrófico y de odio. Hasta Iberdrola toma distancia de ese falso discurso. El que los electores voten sobre la experiencia que les ofrece una realidad que pueden ver y tocar, o muerdan el anzuelo y las mentiras de la oposición, que promueven los grandes consorcios mediáticos del país, es una incógnita que se despejará en las urnas el próximo 2 de junio.
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