El choque entre el presidente López Obrador con agricultores de Sonora y Sinaloa, por un subsidio que los compense de la baja del precio del sorgo y del maíz en el mercado internacional, requiere que Gobierno y productores resuelvan el conflicto con un ánimo desprovisto de encono e histeria.
Durante la campaña presidencial del año 2000, Vicente Fox se reunió con productores agropecuarios en el emblemático Hotel Villa Jardín de Ciudad Lerdo, Durango; uno de ellos le pidió que expusiera su plan de apoyos porque según dijo, las empresas del campo habían dejado de ser negocio y arrojaban pérdidas. Sin inmutarse Fox explicó que su plan de gobierno no contemplaba otorgar subsidios de tal naturaleza, y que si alguno de los presentes consideraba que trabajar el campo no era redituable, debería dejar esa actividad y dedicarse a otra cosa.
Enseguida el candidato disertó sobre la realidad impuesta por la globalización, la economía de libre mercado y la apertura de México a través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica hoy T-MEC, que plantean la lucha por el mercado en cada ramo productivo en función de nuestras fortalezas y debilidades, en relación con las de nuestros socios comerciales. En el tema agropecuario Fox se refirió a la substitución de cultivos, la búsqueda de nuevos mercados, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la integración agroindustrial, la asociación de productores, la eliminación de intermediarios, etcétera.
Volviendo al actual conflicto en la Costa del Pacífico, el Gobierno Federal ha dado apoyo a los productores de sorgo y maíz de Sonora y Sinaloa que siembran hasta 10 hectáreas, está negociando apoyar a los que siembran 50 y hasta 600 hectáreas, pero hasta hoy no ofrece alternativa a los grandes productores que explotan superficies mayores con tecnología e insumos equiparables a los de Estados Unidos y Canadá. López Obrador asegura que éstos grandes agricultores no necesitan apoyo por tener parte en las empresas intermediarias que especulan con los precios, y los acusa de haber hecho de los subsidios un negocio corrupto en el pasado, en complicidad con los gobiernos del viejo régimen (1).
Allende el Río Bravo hay reclamos similares y para ejemplo, hoy día los productores de Florida se oponen a la importación de tomate mexicano, que el año pasado fue de 2,500 millones de dólares sin pago de aranceles (2). Los gobiernos de ambos países juegan la carta de protección al consumidor controlando la importación de alimentos para mantener los precios y frenar la inflación y al mismo tiempo, guardan bajo la manga otra carta para proteger a sus productores de una competencia desventajosa, lo cual parece contradictorio pero puede ser positivo, si se busca el justo medio aristotélico y se procura el bien común de la sociedad, en base a la recta aplicación del principio de subsidiariedad.
El Presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora Álvaro Bours, acusa a López Obrador de “neoliberal” (ya no de comunista) por dejarlos a su suerte frente a los precios internacionales del sorgo y del maíz. Al igual que ocurre con el falso dilema político entre derechas e izquierdas, en este caso queda en evidencia la oposición dialéctica maniquea entre economía planificada por el estado y economía de libre mercado, que también resulta falsa cuando tales conceptos se postulan como dogma de fe, o se manipulan a conveniencia para mamar y dar topes.
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