La reunión de Claudia Sheinbaum con el Consejo Coordinador Empresarial CCE del miércoles de la semana pasada, sienta las bases de la relación del Gobierno con el organismo cúpula del sector privado bajo nuevas reglas, que reconocen la rectoría del Estado en materia económica, y el principio de solidaridad como cimiento del bien común de la sociedad.
El compromiso del nuevo gobierno es continuar por la ruta que no cae en los extremos del neoliberalismo que hace del Estado rehén de los intereses que campean en la economía global, ni del totalitarismo soviético del siglo pasado. La Prosperidad Compartida ofrece garantías a la inversión privada y la conduce por el camino de la productividad y la distribución del ingreso; fomenta la utilidad del capital y su reinversión redituable y lo principal: retribuye con justicia al trabajo humano, y destina recursos fiscales al apoyo e integración social de personas y sectores vulnerables.
La propuesta se compromete con el medio ambiente y somete el crecimiento económico al interés público en materia ecológica, con el objeto de garantizar la sustentabilidad de los proyectos en beneficio de las generaciones futuras. Lo anterior se dice fácil sin embargo, el camino no estará libre de tensiones entre los intereses públicos y particulares porque derivan de la propia naturaleza humana que tiene una doble vertiente individual y colectiva, que en la vida pública se dirimen en base a planeación en consenso, en cuyo proceso los protagonistas sociales y políticos deberán ser escuchados.
La clave de este sistema como de cualquier otro es mantener disciplina en las finanzas y una recaudación eficiente, para lo cual el futuro gobierno se compromete a cumplir la norma cero condonación de impuestos a los grandes capitales, y aumentar la recaudación en base a una transformación digital que conduzca a la anhelada simplificación administrativa. Los planes del nuevo gobierno están soportados tanto en su legitimación en las urnas, como en el perfil de las personas que la Presidenta Electa propuso el jueves pasado, para integrar el gabinete que entrará en funciones el primero de octubre (1).
En la reunión del CCE la cúpula empresarial manifiesta su confianza en la persona de la Doctora Sheinbaum, lo cual está bien porque la Presidenta Electa tiene sus propios atributos, pero los hombres del dinero mejor harían en reconocer que más que nada deben respeto a la legitimidad institucional que deriva del gran respaldo electoral que Sheinbaum recibió no solo a su persona, sino al proyecto que encabeza. Los empresarios ahí reunidos anuncian una inversión de cuarenta y dos mil millones de dólares, con lo que cuantifican en un compromiso concreto el reconocimiento expresado y el respaldo ofrecido (2).
La próxima Presidenta asegura que durante su gobierno no habrá una reforma fiscal, con lo cual calma los temores infundados que existen al respecto y mantiene a nuestro país como un paraíso fiscal en comparación con el resto de los países del planeta, cuyas tasas reales impositivas y de recaudación suelen ser más altas.
Sin perjuicio de dicha promesa, lo correcto es que con miras a un futuro cercano vayamos desde ya en busca de una reforma fiscal que reduzca la desigualdad, deje atrás la inequidad que implica que la clase media pague una tasa real de impuestos mayor que los grandes consorcios, y redistribuya el ingreso de las empresas en una proporción más justa en favor de empleados y trabajadores que al impulsar el consumo, fortalezca nuestra economía en su conjunto.
(1) CNN en Español. Claudia Sheinbaum anuncia los primeros nombres de su gabinete.
0 comentarios