La  Reforma al Poder Judicial podría ser aprobada en las próximas horas o días en el Senado de la República, y en caso de que Morena y sus aliados no sumen los votos suficientes, existe otra ruta a través de la renovación paulatina de los Ministros que sean designados en el futuro por el Congreso a propuesta del Ejecutivo.

Todos los actores políticos reconocen la necesidad de una reforma judicial pero  quienes están  en contra de la  propuesta de Morena, reparten culpas y eluden el debate esencial alegando  que la crisis de impartición de justicia viene desde las fiscalías y las policías de Federación y Estados,  y se requiere una reforma integral. La lógica enseña que por alguna parte hay que empezar y la  técnica legislativa indica que la Reforma a la Constitución solo es la base de las  leyes secundarias que atenderán el problema en forma integral y completa.    

La  propuesta presentada por Norma Piña a última hora, que concluye en  la  exigencia de más dinero y recursos, revela  que los actuales Ministros  no tienen  voluntad de cambio y por el contrario, su intención es jugar a las vencidas por tiempo indefinido. Para resolver sobre ambas posiciones, Morena puso a debate en las pasadas elecciones el denominado Plan C, pidiendo a los electores que le dieran el número de legisladores necesario  para este propósito renovador, lo que tuvo el  resultado que es  de sobra conocido.

El 2 de junio los electores apoyaron  la elección de los Juzgadores  por voto directo, lo que  muestra que la gente percibe  a la  Corte como un feudo burocrático que opera como instrumento al servicio de poderes fácticos en contra del Estado Mexicano, frenando sin causa legal las obras del Ejecutivo y usurpando funciones legislativas. En efecto, La Corte viola la Constitución y el principio de relatividad del Juicio de Amparo, al dictar sentencias en dicha materia a las que atribuye efectos generales y al derogar leyes  e imponer pautas para que el Congreso legisle como la propia Corte le indique.

Por otra parte los privilegios de la cúpula del Poder Judicial están a la vista;  su entrega a intereses particulares y su descuido en  la impartición  justicia son evidentes, y su  confrontación sistemática e invariable con el Presidente y el Congreso, es un factor político destructivo que nada tiene que ver con la División de Poderes. Parte de  estos males se pueden y deben enfrentar con  la creación de un órgano que como propone la Iniciativa que se discute,  supervise y discipline el actuar de los Juzgadores, y los sujete a un sistema de rendición de cuentas que en la actualidad no existe. 

En su discurso catastrófico la oposición asegura que no hay candidatos  dignos para sustituir a los juzgadores actuales, y presagia que la Reforma pondrá las togas sobre iletrados, ignorantes y criminales. El augurio es infundado porque   abundan en nuestro país juristas litigantes o académicos dignos y capaces para  optar por la judicatura, y en los propios Tribunales Federales hay Jueces y Magistrados aptos para postularse candidatos, así como  secretarios expertos que han sido postergados y hasta  excluidos del escalafón meritocrático, por el tráfico de influencias  y el nepotismo imperantes (1).           

(1) Si deseas mas información sobre este tema, te ofrezco mis artículos Reforma Judicial, Justicia de Carne y Hueso, La Corte en el Vacío, La Tremenda Corte y La Corte en Paro en este mismo Blog Archivo Adjunto.