En el marco del conflicto entre Republicanos y Demócratas por el tema migratorio, y ante las elecciones al Congreso de los Estados Unidos del próximo mes de noviembre, el gobernador Miguel Riquelme ha hecho de Coahuila un rehén de los intereses político electorales del gobernador texano Greg Abott, al participar en un acuerdo celebrado por el Estado de Texas con algunos estados fronterizos de México, el cual resulta contrario a nuestra Constitución.
En la práctica las políticas migratorias de Donald Trump y Joe Biden no ofrecen diferencia de fondo; el discurso de línea dura del Republicano que acusa a los mexicanos de violadores y pugna por construir un muro en la frontera, contrasta con la retórica Demócrata más moderada y complaciente sin embargo, ninguno de los dos partidos hace lo necesario hoy día, en pro de una política integral sobre el tema. El último gran esfuerzo data de 1987 cuando entró en vigor la ley Simpson Rodino que regularizó la situación de millones de migrantes que estaban en los EU de modo ilegal, como borrón y cuenta nueva para regular la inmigración en lo sucesivo.
Con las elecciones al Congreso de los EU del mes de noviembre el tema migratorio sale a relucir, a raíz de que el presidente Biden anunció la suspensión del llamado Título 42, activado por Donald Trump para enfrentar la pandemia, que permitió la deportación inmediata de inmigrantes ilegales por razones de salud pública. El Gobernador Republicano de Texas Greg Abott opina que la suspensión del Título 42 alienta la inmigración ilegal, y con claros tintes electorales pone en marcha una estrategia en contra del presidente Biden, llegando al extremo de enviar una caravana de autobuses a Washington, llevando ilegales capturados en la frontera con México, en una operación que según dijo: “si Biden no quiere ver lo que ocurre en la frontera, le voy a llevar la frontera hasta él…”.
Como parte de esta misma estrategia, el gobernador Abott pasa por encima de su propio Gobierno Federal y del gobierno Mexicano, a quienes competen los temas relativos a las relaciones entre los dos países (1). A principios de este mes Greg Abott instaura un sistema de inspección tortuga en la frontera afectando al comercio de los estados mexicanos vecinos, la cual fue levantada días después mediante un “convenio de colaboración” en materia migratoria y de seguridad, celebrado con algunos gobernadores fronterizos mexicanos, que de esta suerte quedan sometidos a la dirección y dependencia del Estado Texano.
El acuerdo interfiere en la función de los Gobiernos Federales de ambos países en un tema sensible, en un momento en el que el Gobierno de México hace grandes esfuerzos en nuestra frontera sur que contribuyen a frenar el flujo ilegal de migrantes, tanto a territorio nacional como hacia los Estados Unidos. El desplante del Gobernador de Texas es un desafío político electoral para Joe Biden. Respecto a López Obrador, los acuerdos de los gobernadores fronterizos mexicanos son violatorios de las facultades que el artículo 89 fracción X de nuestra Constitución otorga al Ejecutivo Federal en materia de relaciones internacionales y viola el artículo 117 de nuestra Carta Magna, que de modo terminante prohíbe a los Estados celebrar tratados con potencias extranjeras.
En el caso particular de Riquelme, el Gobernador de Coahuila responde además a la presión que implican los procesos penales aún abiertos en Tribunales Texanos en contra de funcionarios de los gobiernos del moreirato, por delitos de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado (2). El hecho de que actores secundarios de tales ilícitos como Javier Villarreal, Raúl González Treviño o Guillermo Flores Cordero hayan caído y soltado la sopa ante la Justicia Texana y que el propio Jorge Torres López, ex gobernador substituto de Humberto Moreira haya sido condenado a pena de prisión por algunos de estos hechos, hace prever que en este tema existen cartas bajo la manga del gobernador de Texas, que puede sacar en cualquier momento.
Como tapadera y cómplice de los Moreira, Riquelme viola la Constitución y hace de nuestro Estado un rehén de intereses políticos extranjeros, lo que una vez más nos hace clamar justicia en contra de la impunidad que reina en Coahuila, respecto a los delitos de estado cometidos durante el moreirato (3).
(3) Para más información sobre la unión esencial del régimen de Miguel Riquelme Solís con el Moreirato, consultar los artículos: “Riquelme en su Paraiso”, “Riquelme y su deuda” y “Riquelme es el castigo”, en este mismo Blog Archivo Adjunto.
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