El rechazo en Hidalgo,  Coahuila,  de un convoy de delincuentes armados  que la semana pasada  trataron de ingresar al  Estado, es resultado de la buena labor de coordinación del Ejército Mexicano con las fuerzas de seguridad de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Festinar lo acontecido como propaganda de un logro  preponderante del gobierno de Miguel Riquelme, además de que no es verdad,  es un insulto a la memoria de los coahuilenses y  revela un ánimo  soberbio y afrentoso,  que va en contra del  referido trabajo de coordinación que realiza el  Ejército. 

El convoy se atribuye al  llamado Cártel de Noreste, formado con restos de lo que fue el Cartel de los Zetas, huye de la persecución del Ejército y las fuerzas de seguridad de Nuevo León y Tamaulipas, y busca  refugio en el  santuario  de impunidad que los gobiernos del PRI de los Moreira, le brindaron a dicha organización criminal en un pasado  reciente. La violencia que los coahuilenses sufrimos en aquellos días incluye episodios tan dramáticos como el saldo de más de tres mil desaparecidos,   además del cementerio clandestino en el Ejido Patrocinio, la masacre de Allende Coahuila (18 de marzo de 2011), en la que fueron asesinadas al menos trescientas ochenta personas, y el horno  crematorio de la cárcel de Piedras Negras, en el que fueron incinerados un número estimado de  doscientos cadáveres.

La movilidad que a sus anchas tuvieron los Zetas en esos  días, rindió frutos políticos a  la consolidación del PRI de los Moreira y en particular en Torreón, gobernado en aquel entonces por el Partido Acción Nacional, siendo alcalde José Ángel Pérez Hernández. El gobierno de José Ángel fue atrapado por una pinza entre  la violencia ejercida por la banda criminal en forma de extorsiones, secuestros, muertos y desaparecidos y del otro lado de la tenaza, el abandono del Gobierno de Humberto Moreira que se solazó en el colapso de la ciudad, y  preparó el triunfo del PRI de los Moreira en las siguientes  elecciones,  en las que los Zetas tuvieron participación directa el día de la jornada,  mediante la aparición de cadáveres en  puntos visibles de la ciudad, y patrullando en colonias populares, lo que sembró el terror y disuadió de votar a muchos electores.  

Torreón fue tomada a sangre y fuego y después,  ya como gobernador,  Moreira Rubén  creó una red integrada por personas a las  que por medio de empleos,  dinero, contratos y toda clase de canonjías, reclutó de entre la clase empresarial, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etcétera y en otra vía, sometió con halagos y sobornos a figuras relevantes de oposición todo ello, mediante una operación  al interior del tejido social,  bajo la dirección de  asesores   cubanos que con el disfraz de profesores,  le proporcionó el  dictador Fidel Castro. En otra línea, el PRI de los Moreira creó  una legislación estatal en materias diversas como derechos humanos, consejos de participación ciudadana, sistema anticorrupción, etcétera, diseñada  para controlar desde la estructura de gobierno esas importantes tareas  que quedaron,  como están el día de hoy, en manos de organismos  que solo son “autónomos”, en textos legales que son letra muerta.  

Durante la misma gestión de  Rubén, cuando el regreso del PRI a Los Pinos hizo  inconveniente la alianza con los Zetas, el Moreirato  rompió el pacto con dicha organización, lo que tuvo como consecuencia la ejecución de un hijo del ex gobernador Humberto y  la decapitación del Cártel por parte del Gobierno Federal, de suerte que lo que quedó de la  banda criminal,  se reagrupó  fuera  de  territorio coahuilense. Hoy día en que los Zetas  vuelven por sus fueros,  el gobierno de Riquelme como parte que es  del PRI de los Moreira no tiene nada que festejar; proteger a los coahuilenses es su obligación y el peligro de una nueva alianza con el crimen organizado permanece latente, en la existencia de múltiples corporaciones policiacas estatales, una de ellas institucional, y las demás   integradas por elementos que  no están certificados por el Sistema Nacional de Seguridad y por tanto, solo son leales al grupo que desde hace quince años, detenta el poder en Coahuila.

La ejecución de este plan ha sido  financiada gracias a los cuantiosos recursos obtenidos de  la mega deuda de Coahuila, la mayor deuda estatal  por número de habitantes en el país y además contraída  por medios fraudulentos, que permitió  a   Moreira  Humberto trepar a la  dirigencia nacional del PRI, y contribuir a  la candidatura de Peña Nieto a la Presidencia de la República. Según información del  Consejo Cívico de la Instituciones CCI, aparecida en el periódico  El Siglo de Torreón página 6E, el 9 de julio de 2021,  después de  que se han pagado intereses durante  diez  años,  el capital inicial de la deuda  creció en dos mil millones de pesos,  hasta llegar al saldo actual de treinta y ocho mil millones  de pesos,  lo que pone de manifiesto que la deuda es técnicamente impagable.

Por si fuera poco, de acuerdo al mismo informe del CCI existe un pasivo no bancario de cinco mil trescientos millones de pesos, generado por la administración de Riquelme, que corresponde a deuda de corto plazo que se tiene con  proveedores de bienes y servicios,  dentro de la más obscura opacidad en cuanto a la identidad de los acreedores y el monto individualizado que se le adeuda a cada cual. Se trata de créditos que son en la práctica revolventes,  cuyo pago  a cuenta gotas y sin cobertura de intereses,  es parte del sistema de  extorsión y control con el que  el actual gobierno de Coahuila,  mantiene enganchado como  rehén a un sector amplio y variado de empresarios coahuilenses,  que son cautivos de la línea política del PRI de los Moreira.