El bandazo que implica la revocación del acuerdo de culpabilidad celebrado entre la Fiscal Militar de los Estados Unidos Susan Escallier y los señalados como autores intelectuales del atentado del 11 de septiembre de 2001, que entre otras cosas destruyó las Torres Gemelas en Nueva York, revela un grave deterioro institucional, y la fragilidad del sistema de justicia en dicho país.
El atentado referido motivó la expedición emergente de una Ley Antiterrorismo en los EUU a la que se conoce como Ley Patriota, y generó un despliegue que culminó en la instalación de una cárcel en la base militar de Guantánamo, que el gobierno de Washington mantiene en territorio de Cuba. En dicho centro carcelario fueron confinados muchos detenidos como resultado de las operaciones contraterroristas, entre los cuales se encuentran Khalid Sheikh Mohammed, aprehendido desde el año 2003 acusado como autor intelectual de los ataques y dos de sus cómplices.
La investigaciones que se han prolongado por 21 años sin que los prisioneros hayan sido llevados a juicio, dieron lugar a críticas que cuestionan la Ley Patriota, bajo cuya vigencia se acusa al Pentágono de haber torturado a los detenidos. El acuerdo alcanzado la semana pasada ofrecía la ventaja de sanear la constitucionalidad de la Ley y la legalidad de la investigación, al evitar un juicio en el que los acusados pueden ser liberados en base al alegato de tortura, con el añadido de que aceptaron su culpabilidad a cambio de una condena de cadena perpetua, que excluye la pena de muerte.
No obstante que el acuerdo castiga a los culpables convictos y confesos, en el contexto electoral el Partido Republicano se inconformó en el Congreso y algunos organismos civiles montaron una campaña que exige la pena de muerte. Por su parte J. D. Vance, candidato a vicepresidente con Donald Trump, declaró: «Necesitamos un presidente que mate a los terroristas, no que negocie con ellos…», lo que reabre la herida del 11-S, coloca a las víctimas en un nivel de barbarie semejante al del terrorista, vuelve a poner sobre la mesa la tortura, y sienta al sistema en el banquillo de los acusados.
En tal escenario aparece el Secretario de la Defensa de los EEUU el General Loyd Austin, quién de manera súbita, sin expresar fundamento legal ni motivo para ello y sin mediar procedimiento jurídico de revisión, de un manotazo deja sin efecto el acuerdo de culpabilidad anunciado tres días antes. El General Austin destituye a la Fiscal Militar del caso y asume como responsabilidad propia la revocación del acuerdo, mientras un Joe Biden disminuido se deslinda del asunto, lo que pone de manifiesto la superioridad avasalladora del Pentágono sobre el menguado poder del aún Presidente. (1).
El suceso en comento revela un grave deterioro institucional y el modo en que los Estados Unidos, y la generalidad de los llamados países democráticos se han convertido en rehenes de sus propios procesos electorales, pues solo eso explica el desconcierto en la impartición de justicia que conlleva lo acontecido.
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