El discurso de Xóchitl Gálvez en Washington de la semana pasada, convoca a la intervención extranjera en apoyo de la causa que enarbola, con el pretexto de salvar a la democracia en México.
La candidata del PRIAN a la Presidencia hizo el llamado a integrantes de Centros de Investigación de los Estados Unidos, reunidos en el Wilson Center de Nueva York, a quienes pidió: “No dejen que la democracia mexicana caiga sin aliados…” y agregó; “la defensa de la joven democracia mexicana, no puede quedar fuera de la agenda bilateral (México-EEUU), porque la mayor amenaza… es el poderío… del crimen organizado…”. En su discurso Xóchitl exige que la Organización de los Estados Americanos OEA, sea llamada como observadora en las elecciones del próximo 2 de junio (1).
La candidata sabe bien muy que el Instituto Nacional Electoral INE, invitó a la observación de las elecciones a la OEA y a otras instancias internacionales desde agosto del año pasado, por lo que su exigencia al respecto resulta mal intencionada. Por otro lado, una es la participación internacional a nivel de observación y otra cosa es convocar a estados y fuerzas políticas extranjeras a entrometerse en un proceso de elección presidencial que solo concierne a los mexicanos, quienes ya pagamos cuota de sangre en el Siglo XIX, con motivo de la Intervención Francesa y el Imperio.
Al discurso de Gálvez sigue una controversia desatada por Marko Cortés frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal TEPJF, en referencia al actual proceso, que cita elecciones estatales recientes que según el dirigente panista, debieron ser anuladas por causa de violencia. Los medios de prensa cuestionaron al TEPJF sobre este tema, y aunque el Magistrado Felipe Fuentes reconoció que en sentido hipotético es posible que se anule una elección, si se prueba violencia generalizada que incida en su resultado, el propio Magistrado aseguró que tal cosa no se avizora en el proceso electoral en curso y pidió a Marko Cortés que presente pruebas que acrediten su dicho (2).
El coctel incendiario incluye una campaña de prensa con datos filtrados de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos DEA, según la cual en la elección de 2006 el entonces candidato López Obrador habría recibido dinero del narco, cuya afirmación fue desmentida por el embajador de EEUU en México (3). Por si fuera poco. existe una guerra sucia en redes sociales operada desde el extranjero, a través de la cual se han publicado a razón de un millón de dólares por semana, ciento setenta millones de mensajes que acusan a López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum de tener vínculos con el narcotráfico (4).
Solo un ciego no puede ver que se trata de una conspiración golpista, potencialmente criminal, cuya carta juega la oposición para reventar la elección presidencial a costa no solo de nuestra democracia, sino de la paz de todos los mexicanos, porque su candidata no levanta. A esas luces, lo mejor que pudo pasar es que la Reforma Electoral de López Obrador haya sido rechazada por la oposición en el Congreso, así como por la sentencia de la Suprema Corte que anuló la ley en la materia aprobada por mayoría, conocida como Plan B.
Gracias al referido mal que vino para bien, el actual proceso electoral está regulado con las normas del viejo régimen, de suerte que la oposición carece de los pretextos de impugnación que pudiera haber esgrimido, en el caso de que la tan necesaria Reforma Electoral hubiera salido adelante.
(2) Marko Cortés prepara el terreno para pedir en su momento, la anulación de la Elección Presidencial.
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