La resolución de la Suprema Corte de Justicia que anuló el Decreto de López Obrador, que clasificaba de Seguridad Nacional ciertas obras de su Gobierno, frente al escrutinio y ataques de la oposición, revela un conflicto entre el Derecho a la Seguridad de los mexicanos y el Derecho a la Información.
La pertinencia y los alcances de la llamada “facultad reglamentaria” se han debatido desde que se promulgó la Constitución de 1917, cuyo Artículo 89 Fracción I autoriza al Presidente en turno a dictar normas que regulen el ejercicio de su función administrativa. Lo anterior ha generado una tensión histórica entre esas facultades del Presidente y las legislativas propias del Congreso de la Unión, en virtud del trazo difuso y potencialmente conflictivo, de la frontera entre el imperio del orden jurídico y el ejercicio pragmático de la política, en la procuración del bien común de la Sociedad.
López Obrador responde con dos nuevos decretos: Con el primero insiste en blindar las obras de su gobierno en el sureste: El Corredor Interoceánico y el Tren Maya, y en el segundo ordena la ocupación temporal de un tramo ferroviario de 120 kilómetros entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, que está concesionado al oligopolio privado que explota las vías férreas que son propiedad de la Nación. Lo anterior tiene por objeto incorporar el tramo de vía ocupado a la operación de la empresa de capital mixto, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., encargada de unir los puertos del Atlántico y el Pacífico por medio del Corredor Interoceánico, lo que en la certera visión del historiador Francisco Bulnes (1847-1924), es un tema de Seguridad Nacional desde la época de Porfirio Díaz.
Estos proyectos son prioritarios para la Seguridad Nacional y el desarrollo estratégico del país pero al final del día, queda a juicio de cada mexicano apoyar o no la política del actual Gobierno, que al menos trata de resolver problemas ancestrales cuya solución se ha pospuesto de modo indefinido. El futuro nos alcanzó y la integración y control del sureste mexicano y de los puertos en cada extremo del Istmo de Tehuantepec exige atención urgente, de cara a los problemas de narcotráfico y migración que estallan no solo en nuestras manos, sino en el rostro de la comunidad internacional en su conjunto.
Para medir el riesgo a nuestra Seguridad Nacional, basta observar la escalada en la guerra no declarada entre Estados Unidos y China, en la que México se ubica entre las rutas comerciales del Pacífico desde tiempos de la Nao de China (1585-1815), y nuestra integración geográfica y económica con los países del T-MEC. López Obrador interpela a Pekín para que impida la salida del fentanilo de los puertos de China y al mismo tiempo, demanda de los Estados Unidos que detengan la venta ilegal de armas que pertrechan al crimen organizado en México, generan inseguridad y violencia en nuestro territorio e impulsan el tráfico de drogas hacia los EU.
La crisis es tan grave que el Congreso de los Estados Unidos discute desde la semana pasada una iniciativa para clasificar como “arma química de destrucción masiva” al fentanilo, que según el informe oficial es introducido a EEUU desde China a través de los puertos mexicanos del Pacifico, con la complacencia de Pekín (1). Esto nos recuerda las Guerras del Opio entre Inglaterra y China (1839-1842 y 1856-1860). La Corona Británica impuso el consumo del opio al Pueblo Chino y se apoderó de sus principales puertos de mar (2), lo que con el tiempo socavó al Gobierno Imperial de China hasta provocar su caída en 1911.
¿Estamos ante la respuesta de la China profunda, contra Occidente?
(2) Enciclopedia de Historia. Las Guerras del Opio entre Inglaterra y China, causas y consecuencias.
Para mayor información sobre este tema, pongo a tu disposición mis artículos “Decretazo” Presidencial, Narco y Gobierno y “Cumbre Borrascosa”, en este mismo Blog, Archivo Adjunto.
0 comentarios