La reforma propuesta por López Obrador al marco jurídico de la producción, distribución y venta   de energía eléctrica, busca asegurar que el Estado tenga el control del sector energético, pero es falso que implique un monopolio, ya que si bien la iniciativa reserva al   Estado el 54 por ciento de la producción,  deja en manos de particulares el  46 por ciento del mercado.

La iniciativa de  Ley de la Industria Eléctrica del Presidente está  lejos  del  monopolio de estado que existía  antes de la reforma de  Peña Nieto, y su objetivo es controlar ese  sector estratégico, manteniendo la participación de  particulares pero eso sí, supeditada a la rectoría del Estado. Para valorar el sistema mixto propuesto por López Obrador, basta observar el fenómeno de  escasez  y precios exorbitantes del  gas destinado a generar electricidad, que pesan hoy día sobre  la Unión Europea, cuyo  abasto depende por completo del mercado, en contraste  con la ventaja que favorece a los estados que tienen el control, como la Rusia de Vladimir Putin,   proveedor de los países europeos que dicen estar a la vanguardia en energías limpias.     

El Presidente argumenta que busca obtener energía suficiente al mejor precio, para bienestar de las mayorías y en apoyo a la planta productiva nacional, y como las críticas no se han hecho esperar,  debemos tomarlas en cuenta con seriedad,   al margen de la  histeria y  las mentiras que suelen contaminar nuestra vida pública. Es verdad  que la iniciativa  propone substituir el  mecanismo actual del  mercado de  mayoreo, que surte  a  las centrales eléctricas mediante subastas  abiertas para lograr el mejor   precio y en cambio,  la propuesta  da  a la  Comisión Federal de Electricidad (CFE), el poder de fijar precios.

Es cierto que esta medida limita la libre competencia,   pero tiende a evitar la formación de   un  oligopolio eléctrico privado que domine el mercado y fije los precios de modo unilateral, en un escenario en el que  la incapacidad productiva del sector público,  haga imposible que el Estado ofrezca contrapeso, como ocurre en este momento en  España, Alemania y el resto de Europa. Con lo anterior la iniciativa de Ley busca posicionar al Estado como el protagonista principal más no único del mercado eléctrico,  para mantener la rectoría del Estado sin volver al  monopolio,  ni cerrar las puertas a la inversión privada.  

Otra de las críticas señala que   la iniciativa   viola la seguridad jurídica de los inversionistas, porque revoca en automático las concesiones emitidas bajo la ley Peña Nieto. Lo anterior es falso porque el proyecto de ley  propone como opcional la revocación referida,  sin que el Estado pueda afectar el 46 por ciento de la porción del mercado que se reconoce a la inversión privada, lo que es congruente con la oferta  presidencial  de revocar las concesiones que resulten lesivas a los intereses de  la Nación,  que fueron  otorgadas  en el mar  de corrupción en el que naufragó el último gobierno priísta y en tal caso, los eventuales afectados tendrán derecho a su defensa legal y a  reclamar una indemnización.

La crítica más estridente tiene por marco la eterna controversia entre  libre mercado y economía planificada, y asegura que la propuesta de López Obrador está condenada al fracaso, porque “el Estado es un mal empresario” sin embargo, el régimen de economía mixta  se ubica en el justo medio de  ambas teorías extremas, sobre las que se impone una realidad compleja. En la práctica es obligado  conciliar el objetivo de lucro que persigue la empresa privada con la  justicia distributiva que merecen los gobernados, mediante un mecanismo que permita expandir y limitar el mercado de acuerdo a las necesidades específicas de cada momento y ese control corresponde al Estado, como expresión orgánica de la sociedad.           

Siempre es y será responsabilidad del Gobierno  actuar en equilibrio entre el respeto a la libertad de concurrencia económica y la justicia distributiva, que no tienen fines contradictorios,  sino complementarios,   en orden al bien común de la sociedad, que se sustenta en  los principios de solidaridad y subsidiariedad (1). Sea  que la iniciativa fuere o no aprobada,  los ciudadanos debemos velar porque el Gobierno de la 4T o cualquier otro actúen conforme a los principios expuestos. Gobiernos van y vienen según las decisiones electorales de los ciudadanos y  a las corporaciones comerciales no las hemos elegido;  solo podemos enfrentar sus abusos,  mediante  un régimen de legalidad.

(1) El desarrollo de los principios de solidaridad y subsidiariedad como rectores del bien común, son materia del libro La Cuestión Social,  de Johannes Messner (1891-1984).