La autorización que obtuvo el gobernador Miguel Riquelme del Congreso de Coahuila, para crear un fideicomiso con vigencia de cincuenta años que le permite heredar deuda pública que hoy mantiene oculta, adicional a la mega deuda ya conocida de treinta y ocho mil millones de pesos, es una bofetada en el rostro de los coahuilenses, que se agrega a los múltiples agravios inferidos por el PRI de los Moreira durante diez y siete años.
De acuerdo a declaraciones de la Diputada Natalia Virgil Orona, el Fideicomiso tiene por objeto financiar obra pública en el esquema de Asociación Público-Privada APP, y el Congreso Local autorizó al Gobierno para constituir garantía sobre el Impuesto Sobre Nóminas ISN durante cincuenta años, lo que implica que el pago de la deuda de Coahuila, seguirá sangrando a los coahuilenses, por cinco décadas (1). El ISN es un impuesto que grava las nóminas de las empresas coahuilenses mermando su capacidad de pagar salarios justos a los trabajadores y deviene inconstitucional por falta de equidad, porque el empresario que más empleos genera y sostiene, paga por ello más impuestos.
El ISN es la única fuente de recursos estatales para financiar obra pública, lo que explica que los aguantadores coahuilenses no impugnen ante los tribunales el talante inconstitucional del impuesto, con el añadido de que el Gobierno canaliza a la iniciativa privada contratos y recursos para reclutar cómplices y comprar adeptos. Riquelme reconoce que solicitó el Fideicomiso y el gravamen sobre el ISN, pero no explica ni la naturaleza ni el monto de las obligaciones a garantizar; es obvio que a solo ocho meses del fin de su sexenio no habrá más obras que justifiquen nuevos endeudamientos, por lo que es fácil concluir que el Fideicomiso pretende garantizar un pasivo ya existente, hasta ahora inconfesado.
De acuerdo con el Consejo Cívico de las Instituciones, A.C., entidad ciudadana que en Coahuila da seguimiento a la gestión de la deuda pública, existe una deuda opaca del Gobierno de Riquelme con proveedores estimada en cinco mil trescientos millones de pesos, que con la excusa de ser de corto plazo no se financia en el sistema bancario ni se habla de ella (2). Esta deuda de «corto plazo» crece día con día, se administra de modo revolvente entre la extorsión y la complicidad de acreedores convertidos en socios del grupo en el poder, lo que además de ganancias abundantes, genera una alianza perversa del PRI de los Moreira con un sector corrupto de la llamada sociedad civil.
Riquelme reconoce ante los medios que lo dicho por la Diputada Natalia Virgil es verdad, pero no explica los motivos reales del Fideicomiso, que en los hechos servirá de alfombra bajo la cual el aún gobernador esconderá parte de su basura (3). Según los cálculos del Consejo Cívico de las Instituciones, la deuda bancaria contraída por los gobiernos del PRI de los Moreira ha costado a los coahuilenses cuarenta mil millones de pesos de intereses de 2011 a la fecha, sin un solo centavo de abono a capital, y por lo que hace a la deuda de corto plazo se ignora cual sea su costo, porque se ejerce en opacidad total.
El próximo Gobierno de Coahuila heredará una deuda de al menos cuarenta y tres mil millones de pesos, entre lo que se debe a los bancos y el débito que Riquelme trata de mantener oculto en el Fideicomiso en cuestión, lo que hace que Coahuila tenga la mayor deuda pública per cápita del país, en comparación con los demás Estados.
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