El choque institucional entre el Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda y quien está a cargo de la Fiscalía General de Justicia en dicho Estado, cuestiona los resultados de la “modernización” de nuestro sistema de justicia penal,   en materia de Procuración de Justicia, en relación al Principio de Autonomía de dicha función (1).

Samuel García fue electo a la gubernatura de Nuevo León como candidato de Movimiento Ciudadano en 2021  y  un año después,  el Fiscal General de Justicia del Estado designado durante el régimen de Jaime Rodríguez (a) El  Bronco, presentó su renuncia en medio de sospechas de mala fe y torpeza evidente, en la fallida investigación del homicidio  de Debanhí Escobar. Algunos neoleoneses presumen que su Fiscalía es un “referente nacional” en cuanto a su autonomía respecto al Poder Ejecutivo, lo cual lejos de ser un ejemplo a seguir, es un fiasco que deriva de  un  múltiple error de técnica jurídica.

La Constitución  de Nuevo León (2), en sus artículos 124 y 125, determina que el Gobernador es jefe y responsable de la administración pública y le impone el deber de  proteger la seguridad  de las personas y sus bienes, así como a mantener la paz, la tranquilidad y el orden público. En total incongruencia, lejos de dotarlo con las facultades necesarias para ejercer tales  funciones,  la Constitución niega al Gobernador participación alguna en materia de Procuración de Justicia,  privándolo  de todo  mando y supervisión, y hasta de la más leve injerencia en la gestión de la Fiscalía.

La Constitución saca a la Fiscalía del organigrama del Poder Ejecutivo y la lleva al capítulo de Órganos Constitucionales Autónomos, cuyo artículo 158 regula un farragoso procedimiento para designar al Fiscal por decisión del Congreso, a propuesta de un Comité de Selección integrado por ciudadanos dizque apolíticos. En este proceso el Gobernador no tiene ni voz ni voto ni siquiera para proponer  aspirantes al cargo de Fiscal General, con el añadido de que el mismo artículo 158 dota a la Fiscalía de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía  técnica y de gestión, lo que desarticula las funciones de gobierno en materia de Procuración de Justicia.

Lo expuesto erige a la Fiscalía en un Super Poder que dispone de policías,  armas de fuego  y sistemas de inteligencia. El Fiscal opera  libre de  todo mando superior jerárquico,  lo que coloca a la institución en un  limbo de arbitrariedad jurídica y política, y es causa del  fracaso de la lucha contra el crimen organizado y ocasional,  para gozo  de la delincuencia. El Fiscal de Nuevo León que renunció el pasado mes de octubre, con dispensa de trámite dejó como “encargado del despacho” a Pedro Arce Jardón, quién de inmediato inició una persecución en contra del Gobernador por el delito de «Abandono de funciones».

El Gobernador García promovió una Controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que quién actúa como Fisal no fue legalmente designado, lo cual no ha sido resuelto desde hace ocho meses. Entre tanto, el  Gobernador acusa al  Fiscal de mantener a los miembros de su gabinete en un acoso permanente  y a operar en contra de su Gobierno, en contubernio con las dirigencias de  los partidos PRI-PAN. Esta  crisis que revela un conflicto del Estado contra sí mismo, ha llegado al punto de que el jueves pasado, García Sepúlveda inició ante el Congreso de la Unión un juicio político en contra del Fiscal referido, al que señala como usurpador e ilegítimo.

Lo que ocurre es fruto de una gigantesca aberración normativa en el orden Constitucional, y nos obliga a revisar el Principio de Autonomía en materia de Procuración de Justicia. La situación en Nuevo León repite en paralelo los intentos de la  Oposición y de la Suprema Corte a nivel  Nacional,  por  atar las manos del  Ejecutivo Federal. En ambos casos, el mismo modus operandi se percibe como un burdo engaño en nombre de la legalidad, y como pretexto para no dejar gobernar al adversario político.

(1) Periódico El Universal, noticia de la formalización de la demanda de juicio político del Gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano, en contra del Fiscal de Nuevo León.

(2) Constitución Política del Estado de Nuevo León, México.