Frente a la designación de tres nuevos Consejeros del Instituto Nacional Electoral INE, hecha la semana pasada, los adversarios del Gobierno ponen en duda la legalidad y la legitimidad de su nominación por el Congreso.
En el antiguo régimen el consenso entre los partidos degeneró en complicidad y fraude a la Ley, no solo en materia electoral sino en otros aspectos de nuestra vida pública. Pese a que desde 1997 nuestra legislación puso la recepción y cómputo de los votos en manos de los ciudadanos, los dirigentes del PRI y del PAN degradaron el sistema al repartirse en el Congreso la designación de Consejeros del INE según su cercanía con los intereses de las cúpulas de uno y otro partido, bajo un sistema de cuotas que despojó a los ciudadanos del control de las elecciones.
Esta forma de confabulación generó una partidocracia que ha sido repudiada por una mayoría contundente desde las elecciones federales de 2018 hasta nuestros días y redujo a los viejos partidos convertidos hoy en opositores, a su mínima expresión. El colapso de la partidocracia abrió la puerta a un Nuevo Régimen en un ambiente de polarización extrema, en el que hoy día están alineados en contra del Gobierno numerosos factores reales de poder que promueven intereses contrarios al bien común de la sociedad, dificultando la generación de una oposición decente y sensata que obtenga el apoyo ciudadano necesario para generar contrapeso.
Es cierto que nuestra legislación electoral no es perfecta y por ello fue burlada en el Viejo Régimen, pero tiene elementos suficientes para funcionar como herramienta en poder de los ciudadanos para formar o cambiar gobierno, en términos comparativos con cualquier país del planeta. Dicho lo anterior y tomando en cuenta que el Consejo General del INE ha sido renovado en su totalidad de 2020 a la fecha, aplicando la legislación que ha estado vigente desde mucho antes de la llegada al poder del partido MORENA y sus aliados, los Consejeros actuales del INE gozan de una presunción de legitimidad salvo prueba en contrario.
Basta repasar los antecedentes de los hoy Consejeros para reconocer que acreditaron la capacidad y el perfil para el cargo sin embargo, hay quienes impugnan su legitimidad alegando que “los partidos de oposición no fueron tomados en cuenta”. El argumento es falso, porque los Consejeros del INE emanan de un proceso en el Congreso en el que participaron legisladores de todos los partidos, por lo que si las quejas de algunos apuntan a reclamar su cuota de antaño o a exigir que tales Consejeros por definición deben ser enemigos frontales del Gobierno, como ocurrió en tiempos de Lorenzo Córdova, está claro que ambas cosas carecen de sentido.
Lo cierto es que el PRI y el PAN se oponen por sistema a todo lo que proponga o haga el Gobierno, refugiados en una narrativa de resistencia ciega con la esperanza de que los electores lleguen a la conclusión de que ellos si saben gobernar, o sobrevenga una intervención extrajera que les restituya el poder y los privilegios perdidos. En lo que si tienen razón los adversarios de la 4T, es que los Consejeros actuales del INE están obligados a ser imparciales en el desempeño de su función y en ese orden de ideas, están sujetos al escrutinio y al veredicto de los ciudadanos (1).
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