La licencia pedida por el gobernador Rubén Rocha Moya despeja el camino para que sea juzgado por las autoridades de Mexico, a despecho de la extradición solicitada por Estados Unidos en contra suya y de otros nueve funcionarios públicos de Sinaloa, acusados de tener nexos con el crimen organizado.
Rocha Moya toma la puerta que abrió la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando al recibir el pedimento de EEUU, decidió que la Fiscalía General de la República FGR se hiciera cargo del caso: “para resolver conforme a la Verdad y la Justicia, con respeto a la Soberanía Nacional”. La postura de la Presidenta implica una respuesta política en el ámbito de la impatición justicia institucional, frente a la petición de extradición que tiene el propósito también político y a todas luces perverso, de doblegar a nuestro país en la revisión del Tratado de Libre Comercio T-MEC, como reacción de los EEUU al acuerdo de México y Canadá, de ir juntos a negociar a Washington (1).
El pretexto de combatir el narcotráfico, la fabricación de armas nucleares o cualquiera otro para apoderase del petróleo y demás recursos de otros pueblos, es una patraña de Donald Trump para violar el Derecho Internacional y hasta la misma Constitución de los EEUU, como ocurre en los conflictos con Irán y Venezuela. Esta realidad obliga al Gobierno de México a combatir el narcotráfico por medio de nuestras instituciones de impartición de justicia y en interés nacional propio, para llevar a juicio a quién resulte responsable, pero evitando injerencias que por mala fe, empeoren la situación de inseguridad y nos lleven de la sartén a la lumbre.
Lo anterior es un peligro real. Es importante que el Estado Mexicano sostenga su jurisdicción en el caso, porque desde hace cien años los EEUU iniciaron el cultivo de opio en territorio serrano de Sinaloa y Durango, lo que infectó a la sociedad e infiltró al Estado, bajo el principio según el cual los pueblos tienen los gobiernos que construyen. Con el tiempo se impuso a México una guerra internacional que escaló en las últimas décadas al llegar el fentanilo procedente de China y hoy día los EEUU disputan la producción y la ruta de las drogas, para seguir explotando el infame negocio y surtir de adormidera a su población como medida de control político.
Esta guerra en la que por añadido los EEUU lucran con la venta de armas, incluye la intervención de agencias como la DEA, la CIA, etcétera, que vulnera la relación binacional, al obrar en complicidad con autoridades mexicanas desleales, y con criminales nacionales y extranjeros que operan en suelo mexicano. Lo anterior se puso de manifiesto en el caso reciente de los agentes de la CIA encubiertos por el Gobierno de Chihuahua de Maru Campos, y meses atrás en el caso del Mayo Zambada, que detonó una sangrienta guerra entre cárteles que no tiene fin, cuyo secuestro reconocen los EEUU, aunque lo atribuyen a Joaquín Guzmán López, alias el Chapito.
Hoy día los EEUU presentan al Mayo como un informante estrella en el que sustentan su imputación contra Rocha Moya y coacusados, pero sea que a dichos inculpados se les juzgue en México o en los EEUU, se requiere de otras pruebas para acreditar su culpabilidad. El testimonio de el Mayo es jurídicamente inválido, porque el sujeto está en poder de los EEUU mediante un secuestro y por ende, su dicho carece de credibilidad y no tiene valor probatorio ni aquí ni allá por haber sido obtenido como consecuencia de un delito que se considera grave en ambos países y como dicen los Jueces gringos cuando rechazan tales pruebas: “es fruto del árbol envenenado” (2).
(2) Para más información sobe este tema, te ofrezco mis artículos Guerra Mundial en México y El embajador y el Mayo, en este mismo Blog Archivo Adjunto.
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