La vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, constituye la fase más reciente del combate al llamado Huachicol Fiscal emprendido por el Gobierno de México, a raíz de que el contrabando de gasolina y diesel estalló como fenómeno mediático en marzo de 2025.
El Huachicol como robo por perforación de los ductos de Pemex inició en 1990, en tanto que el Huachicol Fiscal como contrabando de combustible dio principio en 2011 y tuvo impacto mediático en marzo de 2025, a raíz de que el Ejército y la Guardia Nacional aseguraron un buque con 15 millones de litros de gasolina y diesel. Lo anterior puso al descubierto una red criminal que implica a funcionarios públicos y empresarios transportistas y gasolineros, que introducían en el mercado nacional combustible procedente de los Estados Unidos sin pagar impuestos, el cual ocultaban en un volumen mayor que incluía operaciones legales.
En el entramado participaron los Vicealmirantes de la Marina Manuel y Roberto Farías Laguna; el primero fue detenido desde el inicio, el segundo fue capturado el 23 de abril de 2026 y hoy ambos están en prisión. La investigación exigió un gran esfuerzo pericial, contable y administrativo, para detectar una por una las operaciones ilícitas a partir de un estudio analítico de los de documentos de importación, siguiendo la ruta del combustible y del dinero a través de empresas de transporte y redes de gasolinerías, así como del sistema bancario, apareciendo en el centro de la urdimbre Ingemar, S.A, de C.V., empresa de la cual es socio el ex gobernador Ernesto Ruffo, quién ha sido vinculado a proceso con otros accionistas, empleados y agentes aduanales (2).
Lo dicho revela la penetración del crimen organizado en el tejido social y en la estructura del Estado, que durante décadas azota a los mexicanos. Los esfuerzos y resultados de los últimos dos años en el combate al delito en general y al huachicol en específico, contrastan con la impunidad reinante en el viejo régimen, en el que poco o nada se hizo al respecto, y los avances actuales han sido posibles gracias a que se realizaron reformas constitucionales que regulan el apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, así como en la creación de la Guardia Nacional y de un sistema de inteligencia a la altura de las circunstancias.
En el caso de Ruffo están probados los elementos del delito y la presunta responsabilidad de los indiciados, dada su participación en la toma de decisiones y en los beneficios de las empresas de que se trata. No obstante, el ex gobernador y demás imputados tienen derecho a su defensa y al debido proceso, en el que cada quien podrá desvirtuar los datos que sustentan la acusación en su contra y en consecuencia, nada justifica las voces que sin analizar el expediente descalifican el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía General de la República, así como de la Juez que conoce del proceso.
El tema está inmerso en la turbulencia de nuestra vida pública por la naturaleza del delito y por el hecho de que el primer afectado es el Patrimonio Nacional sin embargo, Ernesto Ruffo no es un perseguido político ni un preso de conciencia, sino un político y empresario señalado como presunto responsable de delitos del orden común, cuya causa penal está en curso.
El Huachicol tiene raíces muy profundas en el tiempo, y lo hecho por el Gobierno de México en contra de ese flagelo en los primeros dos años de este sexenio, no tiene precedente en ningún gobierno anterior (3). A dicha conclusión llega el estudio realizado en la Universidad de Oxford por el académico Samuel León Sáez en su libro: Huachicol, el Nuevo Mercado Criminal en México (4).
(4) Si deseas mas información sobre el tema, te ofrezco mis artículos Contrabando de Ida y Vuelta, Sociedad bajo Asedio, Ejército y Marina y Golpe sin Precedente, en este mismo Blog Archivo Adjunto.
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