El proyecto  Agua Saludable para la Laguna  reunió la semana pasada a los gobernadores de Coahuila y Durango y a los alcaldes de la región de ambos estados, a convocatoria  de la Comisión nacional del Agua (COANAGUA), marcando el  punto de partida de la licitación de la obra que hará realidad la conducción de  aguas superficiales  del Río Nazas con el  fin de abastecer de agua potable libre de arsénico  a las ciudades de la Comarca Lagunera,  en substitución de la que hoy  se extrae de pozos  cada vez más profundos y contaminados.

El encuentro tuvo por objeto cerrar filas  entre autoridades locales  coordinadas por  la Federación, ya que se trata de un proyecto que atañe a los tres niveles de gobierno, en la medida en que  el agua en su origen es patrimonio de la Nación, en tanto que sus destinatarios somos los ciudadanos atendidos por sistemas a nivel municipal.    La cordialidad que muestran los participantes bajo los reflectores, contrasta con reclamos hechos tras bastidores  por actores políticos que alientan la confrontación institucional entre partidarios y adversarios del presidente López Obrador, que apuestan a que el proyecto fracase.   

Es incomprensible que haya quién apueste al “no se puede”, en virtud de que que por muchos  años  los  ciudadanos de la Comarca Lagunera, hemos padecido la falta de agua  para consumo humano  en cantidad suficiente y libre de arsénico,  sin que exista otra alternativa visible de solución, que la de aprovechar el torrente del Padre Nazas. Las objeciones que se oponen al proyecto conciernen más bien al cuidado que se debe de tener en su ejecución, en cuanto al respeto al medio ambiente, y la necesidad de emprender en paralelo una estrategia para frenar la explotación del acuífero subterráneo y reducirla a  niveles equivalentes a su  recarga natural, por lo que la actitud de la ciudadanía es en una doble vertiente: De apoyo al proyecto,   y de exigencia en cuanto a la pulcritud de su ejecución.   

Una parte de la oposición alentada por factores de poder del ámbito local, detona el reclamo de algunos campesinos que exigen  que el proyecto no afecte  sus derechos de  agua para riego agrícola, aunque de llegar a ocurrir tal cosa tendría bajo impacto, ya que el consumo humano requiere solo al ocho por ciento del volumen actual disponible. En  caso de afectación los campesinos deben ser compensados, porque  es más rentable  desde el punto de vista social y económico, utilizar el agua para consumo de la población que destinarla a uso  agrícola,   con el añadido de que nuestro sistema  legal  por sentido común,  dispone que el consumo humano es una prioridad sobre el riego agrícola.  

La protección del Cañón de Fernández está asegurada porque el paso de las aguas se dará de manera continua y en mayor volumen que en el actual estiaje, y aunque los compromisos de cuidar el medio ambiente y frenar la sobre explotación del acuífero son justos y deben ser atendidos, existen actores  que utilizan tan nobles propósitos como  pretexto para oponerse al  proyecto, aprovechando para negociar por vía de extorsión y acceder a recursos federales  para  disponer de ellos a su antojo. Sabemos   que el proyecto requiere que en paralelo se haga la reposición de  las redes de tuberías,  que por su mal estado ocasionan una pérdida importante de líquido al conducirlo  hasta los hogares de destino; se entiende que tales obras estén a cargo de las autoridades municipales, por lo que el proyecto incluye transferir  recursos federales a los municipios para ese objetivo. 

El gobernador Miguel Riquelme toma postura al respecto  en publicación de El Siglo de Torreón del 27 de julio pasado, y anuncia que gestionará  recursos de CONAGUA para integrar un fondo de doscientos millones de pesos que se reponga en forma revolvente cada vez que se agote, hasta concluir la reposición de las redes municipales y al hacerlo, declara: “…ya me dijeron lo que tenía que hacer para acceder a los recursos…”. Dados los antecedentes de los gobiernos del PRI de los Moreira, en los que  el fraude  del Metrobús es botón de muestra, la  declaración de Riquelme enciende una luz de alerta, y mueve   a exigir al Gobierno Federal que vigile en forma puntual la administración de los recursos del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que lleguen a pasar por  manos del  Gobierno de Coahuila.