La campaña pagada en nuestro país por el Gobierno de Donald Trump a Televisa y Televisión Azteca, que en forma generalizada trata de criminales y amenaza a los migrantes mexicanos, abre el debate entre el poder de las empresas dueñas de los medios de comunicación y el Estado Mexicano.

En respuesta a la inusual campaña en comento, la Presidenta Sheinbaum envía  al Congreso una Iniciativa de Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de establecer una nueva forma de regulación de las concesiones y el desempeño  de los medios. La Reforma propuesta garantiza el goce  de los Derechos Constitucionales de las Audiencias, que  implican el acceso a información veraz y contrastada,  el derecho de réplica y el respeto a la dignidad y la privacidad de todos los ciudadanos y en el caso del comercio digital, la protección del patrimonio de los usuarios.

La oposición y los propios medios de comunicación como parte interesada han desatado una campaña delirante en contra de la Iniciativa Presidencial, en el sentido de que el Gobierno pretende hacerse del control, y vulnerar los derechos de Libertad de Expresión y del Oficio Periodístico, como ocurre en Cuba o Nicaragua. Los inconformes agregan que para reformar la Constitución, el Gobierno de México toma como pretexto la campaña que denigra a los migrantes mexicanos, lo que para efectos prácticos significa que una vez más la oposición actúa en contra de los intereses de la sociedad.

Las críticas a la Iniciativa omiten considerar que no solo el  Poder del Estado sino también los Poderes Fácticos entre ellos los medios de comunicación, deben ser sujetos a límites en aras del respeto a la libertad y la dignidad de la persona humana por medio de las instituciones del Estado, como expresión de la voluntad de la Sociedad  organizada, la cual elige a sus autoridades por votación democrática. Cuando dos derechos  se encuentren en conflicto, se deben proteger ambos en equilibrio, como ocurre entre los Derechos de las Audiencias por una parte y los Derechos de Libertad de Expresión y Ejercicio Periodístico o Comercial por otra.

Ese equilibrio hoy día no existe. Los medios imponen a través de la publicidad   hasta lo que debemos comer y beber a despecho de nuestra salud pública y personal,  y nos  someten a pautas de consumo  mediante algoritmos surgidos  de la llamada Inteligencia Artificial, erigida en pagana deidad en el Olimpo de la Modernidad. Hasta las llamadas Redes Sociales han dejado de ser “sociales” y hoy están bajo el control absoluto de gigantes tecnológicos transnacionales ávidos de poder político y económico, que están adueñados del espacio de cada nación y lo alquilan a granjas de Bots que a base de mentiras manipulan la llamada opinión pública, lo que pone en jaque a la Soberanía Nacional.

Así como es necesario limitar el  poder del Estado, hoy es momento de poner límites a los medios de comunicación sin mengua del proceso de globalización, que atento al Principio de Subsidiariedad, base del bien común de la Sociedad,  obliga a la comunidad mundial a respetar la soberanía identitaria y política de cada estado nacional del orbe.  Los medios no son buenos ni son malos, y su apreciación desde el punto de vista ético, atañe a la veracidad de los contenidos que difunden.