El anuncio hecho por el Presidente López Obrador, en el sentido de que los Estados Unidos devolverán a México cerca de cinco mil millones de pesos,  robados de las arcas de Coahuila en tiempos de Humberto Moreira, ha suscitado diversas reacciones, ninguna de las cuales asume hasta el momento, el compromiso de abrir una investigación seria al respecto y de castigar a los culpables.

Frente al anuncio presidencial el gobernador Miguel  Riquelme  exhibe  el  apetito adquisitivo voraz de su gobierno y del PRI de los Moreira y de modo increíble reclama tales recursos para Coahuila,  lo que de ocurrir equivale a que los mismos ladrones que se los robaron la primera vez, se los vuelvan a robar. La pretensión de Riquelme es cínica, porque su gobierno y el grupo político al que pertenece han negado la existencia del desfalco y sin embargo ante la posibilidad de la recuperación, sin pizca de vergüenza reclama: “de existir el robo, los  recursos que se recuperen vengan para acá”.  

Ningún gobierno local ni federal ha investigado  el desfalco que generó la deuda de 36  mil millones de pesos por la que  los ciudadanos hemos pagado 40 mil millones de pesos de intereses, sin un solo centavo de abono a capital. El saldo al día de hoy es superior al adeudo inicial, implica 38 mil millones de pesos de adeudo  a bancos, más  5 mil millones de pesos adicionales que se adeudan a  proveedores (1).  El débito inicial  se contrajo con documentos falsificados del  Congreso Local, y el dinero en lugar de ingresar a   la Secretaría de Finanzas como manda la ley,  fue depositado  en la cuenta de un  órgano estatal secundario, Promotora de Desarrollo del Estado de Coahuila, desde donde fueron desviados hacia otras cuentas propiedad de personas o entidades ignotas.  

A pesar del lo expuesto el  gobierno de Felipe Calderón emitió un acuerdo de no ejercicio de la acción penal en favor de Humberto Moreira y en virtud de que parte de los recursos robados se utilizaron en  la campaña presidencial de Peña Nieto, la tapadera continuó hasta el fin del último sexenio priísta. López Obrador tampoco ha hecho nada al respecto, pero los coahuilenses esperan que el anuncio presidencial sea el inicio de la  restauración de la legalidad, del fin de la impunidad y de una recuperación de lo robado más amplia, que lleve ante  la justicia  a los funcionarios implicados y responsabilice a los bancos. Mas vale tarde que nunca.

En cuanto al  ámbito local,  en la medida en que Rubén Moreira sucedió a su hermano Humberto,  Riquelme es hechura  de ambos y todos son parte de un mismo proyecto político,  la impunidad reina y amenaza  continuar en la actual candidatura de Manolo Jiménez. Lo inconcebible se explica porque en Coahuila sobrevive el priísmo como la Dictadura Perfecta denunciada por Vargas Llosa; en la entidad no existe división de poderes, el Congreso, los Tribunales y los organismos dizque autónomos están sometidos al gobernador, y lo propio ocurre con las cúpulas empresariales, alimentadas por la corrupción del régimen. Por lo que hace a la prensa, los medios están vendidos al moreirato  en virtud de una alianza orgánica y un chayote  sistemático que cuesta mas de  un millón y medio de pesos diarios, sin contar lo destinado para ese mismo fin por los llamados organismos autónomos.

En el actual proceso electoral para renovar el Gobierno del Estado, los Coahuilenses debemos dejar atrás este régimen de corrupción actualmente reforzado por la alianza  de Acción Nacional en apoyo del  PRI de los Moreira,  en  la que  el PAN ha perdido su identidad y se ha hecho cómplice del  latrocinio y lo que es peor, es  comparsa  de esa forma perniciosa de ejercer el poder.

(1) Para más información sobre la mega deuda de  Coahuila, te ofrezco mis artículos Riquelme y su Deuda y El Secreto de Riquelme, en este mismo Blog Archivo Adjunto.