El paro de labores en la Suprema Corte y los Tribunales Federales no es una huelga dentro del cauce legal, es un acto arbitrario que no tiene fundamento constitucional, agravia a los ciudadanos por violación a su derecho a la justicia pronta y expedita, y en nada contribuye a resolver con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, la disputa por los fideicomisos.
La Corte esgrime como pretexto para el paro la defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, lo cual es absurdo, porque en el supuesto de que con la extinción de los fideicomisos fueren afectados derechos laborales adquiridos, la Suprema Corte de Justicia solo tendría que incluir en su presupuesto anual en lo sucesivo, las partidas necesarias para compensar el pago de dichas prestaciones laborales que hoy se cubren con recursos de los fideicomisos, y justificar su procedencia ante el Congreso. Por consecuencia, no existe ni si quiera una relación de causa a efecto entre la suspensión de labores y el objetivo pretextado.
En su día la Corte creó los fideicomisos sin base legal, con excepción de uno de ellos previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue tocado por el Congreso, mientras el resto de los fideicomisos que son trece, son cuestionados y en riesgo de ser extinguidos. El dinero implicado viene de excedentes presupuestales que por Ley debieron ser devueltos a la Tesorería de la Federación; el Presidente y el Congreso insisten en que dichos recursos se gastan en forma discrecional para mantener privilegios suntuarios de Ministros y Magistrados, por lo que toca a la Suprema Corte probar lo contrario.
En lugar de una explicación puntual y razonada que implique una rendición de cuentas en forma, la Corte y el Consejo de la Judicatura hacen una declaración conjunta a los medios, en la que en forma vaga aseguran que: “al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de los servidores públicos…”. La ligereza de la declaración y la falta de una explicación analítica y en detalle del destino de los recursos de los trece los fideicomisos cuestionados, en lugar de la referencia displicente a solo seis de ellos, revelan opacidad y concede razón a los críticos de la Corte (1).
Es causa de escándalo que la Corte acuda al paro en vías de hecho en absoluto desprecio al orden jurídico, aunado al anuncio que hacen legisladores de oposición, en el sentido de que interpondrán una Controversia Constitucional ante la misma Corte, la que como juez y parte resolvería, obviamente, a favor de los intereses de los propios Ministros. Esta posible trayectoria de los hechos en el futuro, también absurda y plagada de violaciones a la Constitución, hace prever que la Corte retendrá a la brava los fideicomisos y recursos en comento y el paro quedará en lo que es; un ultraje a los ciudadanos que demandan justicia.
¿Cuál es entonces el propósito de la Corte al suspender labores?. La respuesta es que los Ministros se han lanzado a la arena con miras a la elección Presidencial y la renovación del Congreso del año entrante sin que les importe el daño institucional que ocasionan, y la reyerta de los fideicomisos les ofrece una oportunidad para medir fuerzas y enfrentar a López Obrador y a la 4T, agitando la bandera de la independencia judicial. Si tal es el caso como es evidente, esta controversia como otras de nuestra vida pública será parte de la agenda electoral de 2024 y deberá resolverse en las urnas.
Nada justifica pues el paro de la Corte y de los Tribunales Federales, los cuales deben reanudar sus labores y abocarse a la tarea que les corresponde de impartir justicia. El Paro de la Corte es una finta en la lucha por el poder, que agravia a los mexicanos al vulnerar su derecho constitucional a la justicia pronta y expedita.
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