El contrabando en gran escala de combustibles a través de la frontera de México y Estados Unidos, no debe confundirse con el llamado huachicol, que se define como  robo de combustible, por medio de la violación de ductos de PEMEX.

A fines de abril pasado  trascendió la operación de la llamada Familia Jensen, que desde el Estado de Texas, a través de la empresa Arroyo Terminals, operaba una  red de contrabando de petróleo mexicano hacia los EEUU, robado de los activos de PEMEX del almacén o del subsuelo.  En aquel día se  dijo que el transporte ilegal del producto, de aquí para allá, era custodiado por sicarios  del Cartel Jalisco Nueva Generación; se calculó el monto de lo robado en 350 millones de dólares, y se pudo apreciar que el producto era vendido en el mercado negro mundial, desde diversos puertos texanos (1).

Pocos días antes había sido incautado en el Puerto de Tampico,  un buque con 15 millones de litros de combustible al momento de ser introducido al país,  como parte de una operación de contrabando de allá para acá, destinado a surtir a grandes demandantes  de diesel para autoconsumo, que en parte desviaban para su venta ilegal en gasolinerías autorizadas (2). El  tercero y mas reciente e importante de los decomisos fue anunciado por el Secretario de Seguridad García Harfuch, hace ocho días, después del aseguramiento en Saltillo y  Ramos Arizpe,  Coahuila, de 39 millones de litros de combustible contenido en 129 autotanques de carga de ferrocarril (3).

En todos estos casos resulta obligado investigar a  empresarios de ambos lados de la frontera, funcionarios  de aduanas y de PEMEX, y desde luego a las organizaciones criminales violentas,  que participan en las  operaciones como brazo armado. En el caso del  robo de petróleo en México y su envío a los EEUU, deriva en un menoscabo al patrimonio de PEMEX, y en el segundo caso de ingreso  y venta ilegal de combustible procedente del exterior, implica un perjuicio patrimonial en contra del fisco mexicano, dada la cantidad de dinero que se deja de cobrar por concepto de impuestos evadidos.  

Dada la naturaleza de los delitos se requiere cooperación de los Estados Unidos, por estar comprometida una frontera común en la que ambos gobiernos deben participar, como materia de la política de seguridad de los dos países. Salvo la necesaria  reforma en fiscalías y procuración de justicia que constituye asignatura pendiente,  por primera vez  México  comienza a disponer de herramientas institucionales y legales: Ejército, Guardia Nacional, coordinación con Estados, etcétera, para enfrentar los retos en el rubro de  Seguridad, y ello representa una gran responsabilidad para el Gobierno de  la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por desgracia sigue prevaleciendo en el discurso presidencial allende el Río Bravo, la idea de que todo lo malo que pasa en la frontera con los Estados Unidos es culpa de los mexicanos. El Presidente Donald Trump sigue sin asumir la parte de la responsabilidad que a su gobierno concierne, respecto a la investigación de estos delitos cometidos en ambos lados de la frontera de manera histórica, sistemática y masiva, lo que hace del problema un asunto complejo que ambos países deben resolver  desde todos los frentes: administrativo y fiscal, así como desde los ámbitos de la justicia en materia penal.  

(1) El Financiero, artículo sobre el caso de la Familia Jensen. 

(2) El País, artículo sobre decomiso histórico de huachicol en el Estado de Tamaulipas.

(3) El País, artículo sobre el combate al huachicol por parte del Gobierno de México.