La detención del  Vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna y catorce acusados más, en el caso del  huachicol fiscal, revela la penetración del crimen en el tejido social y en  la estructura del Estado, que por décadas ha mantenido a los mexicanos bajo asedio.

Entiéndese por huachicol fiscal el contrabando de gasolina y diesel  procedente de los Estados Unidos,  que ingresa a México al amparo de pedimentos de importación falsificados o que siendo auténticos,  los importadores los  utilizan en exceso de las cuotas permitidas  en los propios permisos. El combustible de contrabando se introduce al mercado formal oculto en el flujo masivo de importación legal, a través  de una red delictiva de la que forman parte  funcionarios públicos  y empresarios de diversos niveles, hasta llegar a ras  de estación  gasolinera.

El fraude afecta  a la Sociedad Mexicana en su conjunto, porque el combustible ilegal se vende al público a precio de mercado que incluye el monto de la carga fiscal, lo que permite a los delincuentes robar el  importe de impuestos que paga el consumidor, y  no son enterados al fisco. En la ruta  territorial y burocrática que implica la introducción ilícita del combustible en el  mercado formal, su tránsito es custodiado por bandas criminales ligadas al narcotráfico, que con la amenaza de plata o plomo sofocan todo intento de denuncia,  y la conciencia social llega a corromperse hasta el punto de pensar que tal anomalía es normal,  porque “tiene el visto bueno de arriba…”.

Dado que el fluido ilegal viene oculto en el permitido, la evidencia con la que se tiene que probar la comisión del delito y la imputación a personas específicas, no se reduce a la incautación de cargamentos sospechosos en buques, carros de ferrocarril o transporte carretero, sino que exige un gran trabajo  de inteligencia y requiere  una revisión contable  a todos  los incluidos en la red, para detectar quién si y quién no paga  los impuestos que a cada cual corresponden. A esta dificultad aunada a la penetración ancestral del crimen en fiscalías y tribunales, se suman los discursos de la oposición que hacen el juego a quienes por décadas, han impedido una reforma de fondo al respecto.  

Dando por supuesto  que este mega fraude viene desde el viejo régimen,  los críticos cuestionan “por qué López Obrador no  hizo algo al respecto”  y la respuesta es muy simple:  en el sexenio pasado el Presidente  tuvo que construir a contracorriente de sus adversarios un acuerdo con el Ejército y la Marina que el Congreso llevó al plano constitucional. Se creo la Guardia Nacional; la  Reforma Judicial es un intento incipiente y en cuanto a fiscalías y policías locales falta todo por hacer,  pero al menos, el día de  hoy México cuenta con la base institucional y material,  mínima necesaria,  para enfrentar al monstruo, lo cual ha sido obra de Pueblo y Gobierno.

Otra crítica que desprecia  estos  esfuerzos, asegura que la operación en comento fue exigida por Marco Rubio, Secretario de Estado de los EEUU, en su visita de la semana pasada,  lo  que resulta absurdo porque un golpe de tal naturaleza no es fruto de la improvisación. Es cierto que la presión que ejercen los EEUU es brutal, pero la diferencia es que hoy  día el  Gobierno de México aprovecha el poco  espacio de maniobra que permiten las circunstancias, para procurar  una mayor seguridad interior,  impulsar el  desarrollo económico y humano de la Nación, y al mismo tiempo,  cumplir con la agenda binacional México  EEUU, con respeto a nuestra Soberanía.