La resolución que el viernes pasado puso en libertad al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, requerido en los Estados Unidos por lavado de dinero y fraude bancario, es un ejemplo más del lamentable estado de la Justicia en México.
Nada tendría de raro una sentencia de amparo que negara la extradición en el supuesto de que la solicitud de los EEUU no tuviera fundamento legal sin embargo, lo que indigna es el tortuoso proceder del Juez en el caso. Desde marzo de 2018 el Gobierno de México concedió la extradición de Eugenio Hernández; la Fiscalía ejecutó la aprehensión, pero el traslado a los EEUU fue suspendido por una resolución incidental dictada por el Juez en comento, quién retuvo la sentencia de fondo por más de cinco años. Increíble pero cierto.
Eugenio fue gobernador de Tamaulipas 2005-2010 y su sexenio coincidió con diferencia de once meses con el de Humberto Moreira en Coahuila. Los gobiernos estatales de ambos personajes brindaron protección descarada al crimen organizado, hasta llegar a una fusión orgánica que en el caso de Coahuila aún perdura (1). En aquel tiempo la banda de los Zetas sentó sus reales en el noreste de México y el sur de los EEUU, lo que se llegó a considerar un tema de seguridad nacional en aquel país, por la amistad jactanciosa del moreirato con el régimen de Fidel Castro.
A lo largo de su gestión, Humberto Moreira fortaleció su relación con el resto de los gobernadores priístas. Con recursos obtenidos de la deuda pública de Coahuila, 43 mil millones de pesos de aquel entonces, Humberto financió al priísmo en elecciones locales hasta consolidar un grupo político que lo encumbró en la presidencia nacional del PRI, e impulsó a Enrique Peña Nieto en el regreso catastrófico del PRI a Los Pinos. Al igual que Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, etcétera, Hernández fue parte de aquella aventura.
Al concluir su gobierno Eugenio Hernández se fue vivir a Cancún en 2011 y un año después la SIEDO, organismo especializado en investigación de la delincuencia organizada en tiempos de Felipe Calderón, lo acusó por uso de recursos de procedencia ilícita y otros delitos, y le incautó preventivamente diez propiedades en Cancún y Playa del Carmen. En julio de 2014 la DEA informó de la complicidad de Hernández Flores con el Cártel Coahuila, implicado por las declaraciones de Guillermo Flores Cordero, operador financiero del moreirato, que sigue en prisión en Texas.
En el gobierno de Cabeza de Vaca, la Fiscalía de Tamaulipas fincó cuatro procesos en contra de Hernández por enriquecimiento ilícito sin embargo, su abogado dijo a Carmen Aristegui que como resultado de diversos amparos, su defenso ha sido liberado de todo delito, incluyendo los imputados por la SIEDO. (2). Lo dicho por el Abogado revela que el freno al trámite de extradición de Hernández durante cinco años, es parte de un juego perverso en el que el Juez dió tiempo al sucesivo trámite de otros tantos amparos, otorgados por ese mismo juez u otros jueces de la misma calaña, para que el ex gobernador, eludiera el brazo de la justicia en México y en los EEUU.
Esto no es todo. Con el único fin de lavar sus manos, el propio Juez que liberó a Eugenio Hernández le negó el amparo al día siguiente de haberlo puesto en libertad, lo que mantiene la posibilidad de que sea reaprehendido y extraditado a los EEUU, si es que algún día el Tribunal Colegiado que conozca del asunto en Revisión, confirma la negativa del amparo y entretanto, el extraditable goza de libertad (3).
(1) Noticia del periódico El Universal, sobre el Cartel Coahuila en la actualidad.
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