La iniciativa de reformas a la Constitución enviada por López Obrador al Congreso el día de ayer, en el aniversario de nuestra Carta Magna, revela un último esfuerzo del Presidente, respecto a cambios que en forma reiterada ha impulsado desde el inicio de su gestión.

La Iniciativa es una miscelánea que incluye entre otras la Reforma al Poder Judicial, eliminar algunos  Organismos Autónomos, así como fortalecer el Salario Mínimo y el  Sistema de Pensiones. La propuesta enfrenta la  conocida postura de la  oposición de ni siquiera discutir cualquier iniciativa del Presidente, por lo que es previsible el rechazo con excepción de las conquistas laborales que contiene, que  algunos opositores han adelantado que apoyarán más por cálculo político electoral que por convicción, lo que pone en evidencia que el régimen neoliberal durante 36 años socavó el poder adquisitivo del salario y las pensiones, en perjuicio de la mayoría de los mexicanos.

Es necesaria la discusión a fondo sobre el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, porque tales instituciones fueron creadas o en su caso reformadas en  la época neoliberal, con resultados que dejan mucho que desear por ineficientes y costosas e incluso, por lo que hace a su perversa manipulación. En cuanto al Poder Judicial existe un clamor social por  un mejor desempeño en la impartición de justicia en términos de calidad y austeridad presupuestal, que a su vez exige medios de control que impongan sanciones en casos de corrupción.     

Es indispensable un debate parlamentario abierto a la sociedad sobre lo que es la  División de Poderes,  de acuerdo a la doctrina clásica del Estado Moderno,  que divide el ejercicio de poder en tres funciones diversas, en busca de un equilibrio que impida que un poder esté por encima de los otros. Hay que abandonar la idea de que las resoluciones de la  Suprema Corte  están por encima de los decretos del Presidente  y de las leyes del Congreso, cuyo novedoso equívoco se basa en que a la Corte le toca interpretar  la Constitución,  como si al sentenciar la Corte estuviera legitimada a violar las reglas  de la lógica y el raciocinio, y autorizada  para resolver aún en contra del tenor expreso del  texto constitucional.   

La  visión que antecede  está presente en  la propaganda institucional, cuando en  radio y  televisión la Suprema Corte proclama : “Somos la Constitución”. Este aliento que sostienen intereses del viejo  régimen, pretende que la Corte lleve la contra en forma sistemática,  no solo a toda iniciativa del Presidente sino a las leyes aprobadas por el  Congreso, como ocurrió con la Reforma Electoral, que de un plumazo fue borrada en contra de la letra del Artículo 105 fracción I de la Constitución y con el mando del Ejército Sobre la Guardia Nacional, abolido en violación al Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional de 2022, que prorroga la intervención del Ejército en tareas de seguridad hasta marzo de 2028 (1).   

Respecto de los llamados Organismos Autónomos, como el Instituto de Acceso a la Información y la Comisión Federal de Competencia Económica por ejemplo, a los que el Presidente acusa de responder a intereses particulares e ir en  contra del bien común de la sociedad, también hay mucho por analizar en el Congreso, para determinar cuales están funcionado y cuales pueden ser mejorados o deben desaparecer;  lo cierto es que el desempeño de algunos de ellos ha sido muy pobre en términos de eficiencia y resultados, en contraste con su costo enorme  y la gran utilidad que hoy día  tienen como apoyo a intereses inconfesables de  poderes fácticos.   

(1) Para mas información sobre resoluciones de la Suprema Corte, dictadas en contra de la letra expresa de la Constitución, te ofrezco mis artículos La corte en el Vacío y La  Tremenda Corte, en este mismo Blog Archivo Adjunto.