La prioridad de México en materia de seguridad es el tráfico ilegal de armas que entran a nuestro país. De acuerdo al Informe rendido por el Canciller Marcelo Ebrard al Senado de la República, de enero de 2020 a la fecha nuestras instituciones de defensa han asegurado 55,994 armas, cuya cantidad es superior en número y capacidad de fuego a la dotación total anualizada de las Fuerzas Armadas y policías, federales, estatales y municipales.
La reunión México Estados Unidos a celebrarse pasado mañana en Washington, tiene como marco el acuerdo en materia de seguridad denominado Entendimiento Binacional que existe entre ambos países, y a ella asistirán además del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Todo indica que el tema del ingreso ilegal de armas a nuestro país, será el punto principal que ponga sobre la mesa el Gobierno de México (1).
Lo anterior es previsible porque con independencia de los resultados positivos que menciona Ebrard, en materia de incautación de armas ilegales, la resolución reciente en virtud de la cual un Juez de los Estados Unidos desechó la demanda presentada por nuestro país, en contra de las empresas fabricantes de armas, es una mala noticia para México. El Juez del caso reconoce que “México tiene razón” y que ha probado la existencia de los daños y perjuicios causados por el comercio ilegal de armas procedentes de la Unión Americana sin embargo, funda el rechazo de nuestra demanda, en una Ley votada en 2005 que concede impunidad a los fabricantes.
El Canciller informa que el Gobierno Mexicano apelará la sentencia referida, con base en el principio de Derecho Internacional según el cual ningún Estado puede pretender imponer sus leyes más allá de sus fronteras, lo que indica que la impunidad concedida a los fabricantes de armas en los EU, no aplica en el caso de los daños causados en nuestro país. En forma adicional, Ebrard anuncia la demanda en contra de empresas “prestanombres”, que en la práctica operan el tráfico de armas destinadas a los delincuentes, lo que ha iniciado en tribunales de Arizona, en base a otra Ley que penaliza dicho comercio criminal.
Estados Unidos concede impunidad a los responsables de la industria de las armas pero castiga con pena de cárcel a los intermediarios que las venden a los delincuentes, lo cual es una incongruencia que deriva del alcance absoluto de la inmunidad decretada en favor de los fabricantes. Lo razonable es que exista una responsabilidad en principio de todos los involucrados, del fabricante y de cada uno de los participantes en la cadena de tráfico ilegal de armas, y que dicha responsabilidad se individualice y se sancione según exista culpa o dolo y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso.
El empeño por detener el ingreso ilegal de armas mediante su incautación en la frontera y la lucha en los tribunales de los EU, son un esfuerzo acertado del actual Gobierno Federal que no tiene precedente en los cincuenta años de guerra contra las drogas. Las dos medidas se sustentan en el principio de corresponsabilidad entre ambos Gobiernos por tratarse de un problema común; falta que el pueblo estadounidense y su gobierno reconozcan que la venta de armas a los cárteles mexicanos impulsa el tráfico y consumo de drogas en el país vecino, y luchen por incluir el tema en su propia agenda, para reducir la violencia en ambos lados de la frontera.
En el encuentro binacional del próximo jueves, la presencia de los Secretarios de Defensa y de la Marina ocurre a pocos días de haber sido aprobada por el Congreso de México, la prórroga a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028, lo que plantea un nuevo estado de cosas en la materia a tratar, que será interesante valorar a la luz de las reacciones que al respecto se susciten en Washington.
(3) Si deseas más información sobre el tema Entendimiento Bicentenario, en materia de Seguridad, te ofrezco mi artículo: “Narco y Gobierno”, en este mismo Blog Archivo Adjunto.
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