El ultimátum del presidente López Obrador al proyecto Agua Saludable para la Laguna, establece un parteaguas que pone en manos de autoridades y ciudadanos de la Comarca Lagunera, la gestión decisiva de la propuesta presidencial, que tiene por objeto  poner fin al problema ancestral de  contaminación del agua potable con altos niveles de arsénico, y la dotación del líquido elemento  para consumo humano, en cantidad suficiente y libre de dicho contaminante. 

Después de cuarenta años  de padecer y quejarnos del problema de arsénico en el agua en la región lagunera, por primer vez el  Gobierno Federal propone una solución viable y pone disponibles  los recursos para su ejecución, con el resultado absurdo pero que no sorprende, de encontrar una oposición  que  rechaza el proyecto. En la reunión del domingo pasado los gobernadores de Coahuila y Durango reiteraron su apoyo al Presidente  en el discurso,  lo que significa que conocen el proyecto en sus detalles y se hicieron  asesorar por expertos que  se supone confirmaron su solidez  técnica y su compatibilidad ecológica, pues de lo contrario,  lo habrían objetado  o habrían sugerido cambios.

Sin embargo están en trámite juicios de amparo  ante el Poder Judicial de la Federación, promovidos por un grupo de ecologistas; reclamos de campesinos que temen ser  afectados en sus derechos de agua, y existe otra vertiente que exige que la  obra se cancele,  y que primero se detenga la explotación del acuífero subterráneo por encima de los niveles de recarga, por considerar que el abatimiento de los mantos,  es la causa de la contaminación.  Es cierto que la extracción inmoderada del subsuelo es la causa de la alta concentración de arsénico en el agua sin embargo, en el supuesto de que de un día para otro fuera posible detenerla por arte de magia,  la recuperación de los mantos  a    niveles que  reduzcan el  arsénico,  hasta llegar a una proporción  que no resulte dañina, tardaría por lo menos quince años. .   

La lucha por la recuperación del acuífero profundo debe continuar, pero en una línea que no impida que en el corto plazo tengamos   agua saludable para consumo humano,  como propone y pretende  la iniciativa presidencial. Algunos opositores procuran de modo obsesivo  el linchamiento de los productores lecheros de la región con el objeto   de generar un  conflicto entre éstos y el Presidente de la República sin embargo, la explotación inmoderada del acuífero debe ser combatida con un plan que brinde  alternativas  a la producción agropecuaria,  clave en la economía de la región, con independencia de que además se castigue  la extracción ilegal de agua del subsuelo.   

La cerrazón de los opositores preocupa pero no extraña, porque  López Obrador y su propuesta de cambio han enfrentado  un discurso irracional y de odio,  alentado por  quienes añoran la corrupción imperante en el  viejo régimen. A ello responde el doble juego del gobernador Miguel Riquelme cuando apoya el proyecto ante los reflectores, y alienta a la oposición desde su costosa nómina de comunicadores a sueldo,  mediante una estrategia de pinza; su  primer objetivo es  hacer fracasar el  proyecto y de no ser posible, vender su apoyo mediante la exigencia de recursos para administrarlos tan mal, como lo han hecho en Coahuila los tres gobiernos emanados del PRI de los Moreira hasta nuestros días. 

El Presidente ha sido claro y contundente, y  resulta pertinente   el llamado  que hace a  las autoridades locales de Coahuila y Durango, para que concilien con los opositores, y  a éstos para que desistan de  los amparos, o la obra no se hará. Dada la magnitud y complejidad del proyecto, la  ruta  que propone  López Obrador al respecto es la correcta;  se ubica en el  marco del principio de subsidiariedad, que es uno de los ejes rectores del Bien Común, en la medida en que el Presidente deja en manos de los gobiernos locales y de la sociedad  civil de la Comarca, la decisión de continuar con el proyecto,  o bien cancelarlo, a despecho de que sigamos bebiendo agua escasa y contaminada.