Riquelme y su deuda.

Luis F. Salazar Woolfolk

26 de octubre de 2021

El empeño del gobierno de Miguel  Riquelme  por endeudar al Estado de Coahuila,  más de lo que está, revela que la  mega deuda contraída en el sexenio  de Humberto Moreira no es resultado de un accidente, sino de una forma sistemática de operación, para mantener el estado bajo control del  PRI de los Moreira,  en base a una  red de corrupción  que soporta esta singular cleptocracia.     


La  diputada local Natalia Virgil Orona ha denunciado  la maniobra de Riquelme,  para contratar un adeudo de 1,765 millones de pesos, además de los 38,000 millones que  implica el saldo actual de la deuda de Coahuila en el sistema bancario,  después de haberse pagado 40 mil millones de intereses, sin haber hecho abono alguno a capital. La declaración publicada en el periódico digital El Siglo Coahuila el 19 de octubre de 2021, revela que en el Congreso  se opera una autorización del nuevo crédito,  para “dar liquidez” a las finanzas del Estado, pese a que la Constitución solo autoriza  la contratación de empréstitos públicos, para que su importe sea destinado a inversiones productivas.

Lo peor es que la deuda no se limita a los préstamos  bancarios, sino que de acuerdo a información del  Consejo Cívico de las Instituciones (1), existe un pasivo no bancario de 5,300 millones de pesos, en deuda de corto plazo con proveedores de bienes y servicios,  cuya identidad y montos  individualizados  permanecen ocultos. En este tema destaca la queja del Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  aparecida en El Siglo de Torreón 1-A,  el 22 de octubre de 2021, en la que se duele de la falta de pago a compromisos incumplidos por Miguel Riquelme, y algunos otros adeudos contraídos desde tiempos de Rubén Moreira.     

Estos adeudos son pagados a cuenta gotas sin intereses, lo que genera una dinámica que hace  cómplices a las víctimas, las cuales no alzan la voz  en espera de que se les vaya pagando lo atrasado y se les otorguen nuevos contratos que aceptan en esas condiciones adversas, porque consideran  que “no hay de otra”. Estos antecedentes explican por qué la poca obra pública de Coahuila es un fiasco,  como lo muestra el  Metrobús de Torreón en el que se han gastado 1,000 millones de pesos sin que  la obra tenga ni pies ni cabeza y por si fuera poco,  para resolver su generalizada falta de liquidez,  el Gobierno malversa todo el dinero que pasa por sus manos, incluidos  los fondos de pensiones y seguro médico del magisterio coahuilense, lo que mantiene a dicho gremio en una heroica lucha de resistencia.    

La mega deuda de Coahuila es la mayor  por número de  habitantes de todos los estados del país, y tiene la nota de haber sido contraída mediante la falsificación fraudulenta de documentos del Congreso del Estado;  ni los Moreira ni Riquelme  han dado a conocer el destino de los recursos,  por lo que implica  un robo a los coahuilenses. En su  campaña a la gubernatura en  2017, Riquelme se comprometió a esclarecer el destino de la deuda,   sin que en cuatro años  haya movido un dedo en aras de  ese objetivo, por lo que por esta omisión y por ser  parte del proyecto político del PRI de los Moreira, Riquelme asume la deuda y como tal, le es propia.

La  sociedad civil ha realizado diversos esfuerzos orientados a investigar el destino de los recursos que se obtuvieron con la contratación de la mega deuda,  entre los que destacan los de  Coahuila Observa, A.C. (2)  sin embargo,  tales esfuerzos han sido en vano. En el informe sobre los resultados de su investigación,  la ONG  destaca que  los recursos obtenidos no fueron entregados por los bancos al Estado por conducto de la Secretaria  de Finanzas, sino depositados en la cuenta bancaria de Promotora del Desarrollo Económico del Estado de Coahuila,  organismo  descentralizado desde el cual  fueron desviados  hacia otras cuentas, propiedad de personas o entidades desconocidas. Increíble pero cierto.

La irregular operación referida, por sí sola es suficiente para demandar a los bancos   como  corresponsables de los daños ocasionados al erario coahuilense por dolo o negligencia, lo que tendría por objeto detener la sangría de recursos  y recuperar lo robado. 

(1) Consejo Cívico de las Instituciones. Para mayor información sobre  esta ONG en la investigación de la mega deuda, consultar el artículo “Riquelme en su paraíso”, en este mismo blog Archivo Adjunto.     

(2) Coahuila Observa, A.C., https://www.facebook/Coahuila Observa    

 

 

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2 Comentarios

  1. Ciertamente es preciso fincar corresponsabilidades en los bancos acreedores que alevosamente omitieron cumplir con los lineamientos de control fiscal establecidos.

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    • No slo violaron disposiciones fiscales TOCAYO, sino las reglas elementales de administración que en el caso obligan a depositar el importe de los créditos en cuenta del acreditado y no en la cuenta de un organismo diverso.

      Gracias por observar el lapsus calami que me señalas, ya lo corregí espero que lo haya hecho bien.

      Responder

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